En el marco del paro indefinido desarrollado por autoridades tradicionales del pueblo Wayuu, las comunidades indígenas hicieron un pliego de peticiones al Gobierno Nacional para iniciar un diálogo que permita comenzar a superar los problemas estructurales que vive este departamento, como hambre, pobreza, falta de acceso a agua y salud, entre otros.
“La situación en el Departamento de La Guajira requiere acciones determinantes y no solo burocráticas, el legado generacional de nuestra cultura está desapareciendo físicamente por causa directa relacionada, principalmente, por las omisiones y acciones del Estado Colombiano durante muchos años sobre este territorio”, señala el documento.
Peticiones del pueblo Wayuu
- Los wayuu, en primera medida, piden el cumplimiento de las siguientes órdenes judiciales y medidas cautelares en protección de los niños y niñas wayuu: MC 51-15 de 2015, resoluciones 60/2015, 3 de 2017 y 51 de 2017 CIDH, sentencias T-007 de 1995, T-704 de 2006, T-155 de 2015, T-466 de 2016, T-302 de 2017, T-415 de 2018, T-359 de 2018, T-172 de 2019 y auto 004 de 2009.
- Además, solicitan garantizar el diálogo genuino para el cumplimiento del acumulado de sentencias y medidas cautelares que declaró el estado de cosas inconstitucionales en los municipios de Uribia, Manaure, Maicao y Riohacha.
- También piden designar un equipo técnico permanente conformado por profesionales de diferentes áreas para el acompañamiento en la construcción de los programas, políticas públicas y planes de acción de las sentencias.
- Sumado a ello, el restablecimiento de la ruta metodológica diseñada y definida por las autoridades tradicionales de las diferentes territorialidades del pueblo wayuu asentadas en los 40 corregimientos, como garantía del ejercicio del diálogo genuino y la voluntad de un gobierno que promulga un país como potencia de vida.
- Por otro lado, solicitan otorgar por decreto presidencial el funcionamiento de los territorios wayuu y las garantías de la gobernanza wayuu para el ejercicio de los derechos económicos sociales y culturales del resguardo de la Alta y Media Guajira.
- Asimismo, el cumplimiento de la Sentencia T-172 de 2019 en garantía de los procesos de consulta previa libre e informada durante las etapas de socialización – pre-construcción- construcción y operatividad de los proyectos eólicos en territorios wayuu.
- Entre el pliego de peticiones está garantizar los recursos necesarios por parte del Gobierno Nacional para el cumplimiento del acumulado de sentencias y medidas cautelares.
- Por otra parte, está el diseño, construcción y socialización para la Inclusión de un capítulo especial en el Plan Nacional de Desarrollo de los mecanismos para el cumplimiento del acumulado de sentencias y medidas cautelares.
- También piden definir una política pública para el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales del pueblo wayuu en zonas de fronteras, que garantice su desarrollo sostenible con el aprovechamiento de las potencialidades geográficas, sociales y culturales endógenas.
- Igualmente, establecer mecanismos eficaces que garanticen la participación del pueblo wayuu en los sectores sociales de inversión a través de las iniciativas de política pública indígena que hagan los Ministerios cabeza de sector y los presupuestos nacionales en cada vigencia, con el fin de cumplir los acumulado de sentencias, así mismo, establecer mecanismos de cumplimiento, seguimiento y evaluación.
- Finalmente, las autoridades tradicionales solicitan incluir la representatividad del pueblo wayuu en la Mesa Permanente de Concertación con los pueblos y organizaciones indígenas definido por el decreto 1397 de 1996.
Respuestas del Gobierno Nacional
Se conoció que este martes llegará a La Guajira una comisión del Gobierno Nacional para establecer el diálogo con las autoridades tradicionales que se encuentran en paro, el cual se desarrollará en el municipio de Manaure.
Esta comisión estará encabezada por el gerente especial designado por Presidencia para este departamento, Luis Gómez Pimienta, y harán parte de ella la viceministra para el diálogo social, Lilia Solano; el director de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior, Germán Carlosama y el asesor de la Alta Consejería, Andrés Chávez.