El megaproyecto eólico Windpeshi de Enel Colombia, presentado como una de las apuestas estratégicas para la transición energética del país, hoy enfrenta uno de los cuestionamientos fiscales más graves en el sector de energías renovables. La Contraloría de Bogotá abrió un proceso de responsabilidad fiscal tras detectar un presunto detrimento patrimonial que supera los 313.000 millones de pesos, en medio de retrasos, obras inconclusas y recursos comprometidos sin resultados operativos.
La investigación, revelada por Infobae, señala que el proyecto no solo incumplió los cronogramas establecidos, sino que nunca logró entrar en funcionamiento pese a las inversiones realizadas.
Según el ente de control, el presunto detrimento asciende a 313.276 millones de pesos, cifra asociada a recursos públicos comprometidos en una iniciativa que, hasta la fecha, no ha cumplido su finalidad. La Contraloría fue enfática en que se trata de un caso donde “se comprometieron recursos importantes sin que el proyecto cumpliera el propósito para el cual fue concebido”.
El informe evidencia fallas estructurales en la planeación y ejecución. Para marzo de 2022, el avance físico del proyecto era de apenas 29,6 %, por debajo del 33,7 % proyectado, lo que ya reflejaba un rezago significativo frente al cronograma inicial. A esto se sumaron retrasos en licenciamientos, dificultades administrativas y sobrecostos que terminaron afectando el desarrollo normal de las obras.
La situación se agravó en mayo de 2023, cuando el proyecto fue suspendido de manera indefinida sin haber iniciado operación. Para ese momento, solo se habían construido 7 de las 41 cimentaciones previstas y los aerogeneradores —clave para la generación de energía— ni siquiera habían sido instalados.
A pesar de la adquisición de equipos y la ejecución de recursos, estos permanecen sin uso, lo que refuerza la hipótesis de una inversión que no logró materializar su objetivo. La Contraloría concluyó que los recursos invertidos no se tradujeron en resultados concretos ni en generación de energía, lo que constituye el eje central de la investigación fiscal.
El caso también abre interrogantes sobre la gestión de los recursos públicos, debido a la participación indirecta del Distrito de Bogotá en la empresa involucrada en el proyecto, lo que da competencia al ente de control para investigar posibles responsabilidades en la toma de decisiones.
Más allá de las cifras, el proyecto Windpeshi expone las debilidades en la ejecución de grandes iniciativas de energías renovables en territorios como La Guajira, donde confluyen retos sociales, ambientales y administrativos. Lo que debía ser un símbolo de desarrollo sostenible hoy se convierte en un caso bajo investigación, que podría derivar en sanciones y en la obligación de responder por el presunto daño al patrimonio público.
Mientras avanzan las indagaciones, la región sigue esperando que las promesas de inversión y desarrollo energético se traduzcan en beneficios reales, en un contexto donde los retrasos y las decisiones fallidas terminan teniendo un alto costo para el país.
