Un nuevo escándalo sacude a la Policía Nacional en La Guajira, luego de conocerse que siete jóvenes que aspiraban a ingresar a la institución habrían sido víctimas de presunto abuso sexual por parte del entonces subcomandante del departamento, teniente coronel Carlos Julián Rodríguez Campos.
De acuerdo con la información publicada por El Heraldo, el oficial se entregó a la Fiscalía General de la Nación tras emitirse una orden de captura en su contra. Las denuncias señalan que los hechos ocurrieron durante los últimos meses, mientras Rodríguez Campos ejercía sus funciones en el cargo de mando en la Policía de La Guajira.
Entre las víctimas se encontraría una joven auxiliar que habría sido sometida a un procedimiento médico de legrado en un centro de salud de Riohacha. Según fuentes judiciales, el Instituto Nacional de Medicina Legal analiza las muestras biológicas para determinar posibles coincidencias genéticas que sustenten la investigación penal.
La Policía Nacional confirmó mediante un comunicado que el teniente coronel fue separado de su cargo el pasado 16 de octubre y que se abrió una investigación disciplinaria paralela al proceso penal. La institución aseguró que no tolerará ningún comportamiento contrario a la ley y que garantizará el debido proceso judicial y disciplinario.
El caso ha generado indignación en la comunidad guajira y ha reavivado el debate sobre los mecanismos de control y supervisión en los procesos de ingreso a la Policía Nacional. Organizaciones sociales y de derechos humanos han solicitado acompañamiento psicológico para las víctimas y transparencia total en las investigaciones.
Mientras la Fiscalía adelanta las diligencias de imputación, el caso se convierte en una nueva alerta sobre la necesidad de reforzar las garantías de protección dentro de las instituciones del Estado, especialmente para jóvenes en etapa de formación o aspirantes a la fuerza pública.
La captura del exsubcomandante y la magnitud de las denuncias ponen a prueba la capacidad institucional de la Policía Nacional para enfrentar con rigor las denuncias de violencia sexual y restablecer la confianza ciudadana en sus procesos internos.
