En la Comisión I, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, expresó su preocupación por las reformas presentadas por el gobierno ante el Congreso, señalando que estas no incluyen el impacto fiscal necesario para ser votadas en el Congreso de la República.
Valencia indicó que esto ya había sucedido con la archivada reforma a la salud, la pensional, el Ministerio de la Igualdad, ahora con la Ley Estatutaria de Educación.
“El gobierno está teniendo un accionar irresponsable, presenta proyectos pero no cuál será su costo, insumo necesario para que el Congreso pueda votar; no se pueden seguir aprobando proyectos sin saber el impacto fiscal; después el presidente y los ministros terminan proponiendo reformas tributarias o romper la regla fiscal. Es importante recordar que la Corte Constitucional tumbó el Ministerio de la Igualdad por el mismo motivo” sostuvo la congresista.
La senadora solicitó aplazar el debate sobre la Ley Estatutaria de Educación hasta que el Ministerio de Hacienda explique a la Comisión Primera del Senado su concepto de impacto fiscal. Durante la sesión, hizo un llamado directo al viceministro de Hacienda y al gobierno en general para que sean transparentes con el Congreso y los colombianos sobre el costo de esta reforma. Según datos del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana, la ampliación de la cobertura tendría un costo de 40,8 billones de pesos, sin contar factores adicionales como infraestructura educativa, calidad, y mejoras en las condiciones para los profesores.
Hoy, el Gobierno admitió que no conoce el costo de la Ley Estatutaria de Educación. Ante esta situación, Valencia expresó: “Preparé y presenté una ponencia alternativa a la Ley Estatutaria de Educación y tengo listas 114 proposiciones para las dos ponencias alternativas que están en curso en la Comisión I, incluyendo la del Gobierno. He estado denunciando que la reforma no busca mejorar las competencias básicas en lectoescritura, matemáticas y ciencias, donde tenemos las fallas más evidentes. Tampoco considera la educación para el trabajo y viola la autonomía universitaria, entre otros aspectos”, concluyó la congresista.
