En la denuncia, autoridades tradicionales y líderes de la zona de Siapana, sostienen que la familia Ipuana tomó el control de las instalaciones del internado cambiando las cerraduras y los candados para impedir el ingreso de la rectora del plantel educativo, Yineth Zamudio, al no estar de acuerdo con algunas de sus decisiones.
Esta familia argumentó en una carta enviada al Ministerio de Educación, la Defensoría del Pueblo y la Secretaría de Educación de Uribia, que la rectora se ha visto involucrada en divisiones internas e interviene en las disputas entre clanes, además, tendría presuntamente injerencia en la selección de los operadores del Programa de Alimentación Escolar.
Para la autoridad tradicional de Siapana, Damian Morales González, es incomprensible que esta familia tome posesión de la infraestructura educativa argumentando que hace parte de su territorio ancestral, el cual, fue cedido hace años para que funcionara el internado convirtiéndose en unas de las sedes más fortalecidas en la Alta Guajira.
“Eso ha sido posible con el esfuerzo y la participación de todos, dónde precisamente la rectora Yina ha contribuido con alma y corazón para llegar al sitial donde se encuentra la institución en la actualidad”, sostuvo la autoridad Morales.
Además, enfatizó denunciando que “el trasfondo de estos lamentables hechos no es la lucha reivindicativa y la autonomía territorial, es la lucha por el poder y la ambición de una familia que desde hace algunos años se ha lucrado del internado, sin importarle la calidad en la educación y el bienestar de los estudiantes. Con prácticas cuestionables como si el antro educativo fuera su finca familiar, manejando con nepotismo y carácter dictatorial al interior del Internado de Siapana”.
Morales González pidió la mediación de la Alcaldía de Uribia debido a que esta sede fue construida y funciona con recursos del Estado.
“El gobierno municipal debe entrar a mediar y dirimir este deplorable espectáculo donde se anteponen los intereses personales por encima del bienestar de la comunidad educativa”, manifestó.
Asimismo, fue enfático en explicar que son 28 sedes educativas que tiene el internado en la Alta Guajira y que son representadas por igual número de autoridades tradicionales, que son quienes deben decidir si se ratifica o se destituye la rectora actual.
“Se hace necesario una asamblea extraordinaria de autoridades, dónde se exija una rendición de cuentas e informe de gestión y si en realidad existen argumentos y pruebas sobre la acusación contenida en el oficio, la secretaría de Educación si procede a la apertura de proceso disciplinario, ese es el deber ser, el debido proceso y luego si revisar las hojas de vida y perfil de los postulados a la rectoría con previo aval de la mayoría de las autoridades por consenso”, explicó.
