Tras una visita de funcionarios de la Defensoría del Pueblo a cuatro municipios de La Guajira, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, ha emitido un contundente llamado de atención al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) debido a la evidente falta de servicios de atención integral para la población infantil indígena desde finales del 2023.
La situación, catalogada como “vulneración generalizada, injustificada y desproporcionada” de derechos fundamentales como el acceso al agua, alimentación, seguridad alimentaria y salud, ha persistido a pesar de las órdenes de la Corte Constitucional y los esfuerzos institucionales.
“Hace más de seis años que la Corte Constitucional, con la Sentencia T-302 de 2017, declaró el estado de cosas inconstitucional para que el pueblo wayuú tenga una protección especial de varios de sus derechos fundamentales; sin embargo, la respuesta institucional no ha sido la esperada”, señaló Camargo.
Durante la visita realizada en abril pasado a Riohacha, Maicao, Uribia y Manaure, la Defensoría constató con preocupación que los niños wayuú menores de cinco años no han recibido servicios de atención a la primera infancia del ICBF desde diciembre del 2023, lo que ha llevado a situaciones alarmantes de desnutrición y bajo peso.
“Niños wayuú entre cero y cinco años están siendo alimentados únicamente con chicha. Razón por la cual han perdido talla y peso. Esta situación es simple de verificar si se le solicita al Instituto el reporte de talla y peso de diciembre del 2023, y es comparado con el que genere al momento en que de nuevo inicie con la entrega de alimentación para ese grupo etario”, reclamó Camargo.
Además de la falta de atención nutricional, se señalaron deficiencias en el Programa de Alimentación Escolar (PAE), que no alcanza a cubrir a todos los niños y adolescentes, y carece de consideraciones culturales adecuadas para la comunidad wayuú. La educación también se ve afectada, con escasez de materiales escolares y dificultades de acceso a las escuelas, lo que contribuye a altas tasas de deserción.
Ante esta situación alarmante, la Defensoría del Pueblo insta al ICBF y otras autoridades competentes a tomar medidas urgentes para garantizar los derechos fundamentales de la población infantil en La Guajira y evitar un deterioro aún mayor en su calidad de vida.
