La Asociación de Madres Trabajadoras (Asomadoras) en La Guajira se encuentra en el ojo del huracán después de ser acusada de haber recibido dinero para las ollas comunitarias, pero nunca haberlo obtenido, dejando a la comunidad en una situación desesperada.
Inés Quintana de Gómez, representante legal de Asomadoras, expresó que la fundación se ha visto envuelta en un escándalo luego de que fuera contratada por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) para encargarse de 170 ollas comunitarias en todo el departamento en un contrato por 20.400 millones de pesos. Sin embargo, afirma que nunca recibieron el dinero del contrato y que la situación ha dejado a la organización en una situación precaria.
“Aquí lo que hay es hambre”, dijo Quintana de Gómez, destacando la urgencia de la situación en La Guajira. Explicó que, a pesar de haber llevado a cabo las concertaciones necesarias para el contrato, las costumbres de las comunidades wayuu y los retrasos en los trámites burocráticos impidieron que se llevara a cabo la implementación adecuada de las ollas comunitarias.
La representante legal señaló que, a pesar de los esfuerzos por cumplir con el contrato, nunca contaron con el apoyo necesario por parte de las autoridades, y se vieron obligados a llevar alimentos a las comunidades sin ningún respaldo financiero. Además, afirmó que desconoce quién fue el interventor del contrato y que solo tuvo contacto con su coordinador y su equipo de trabajo.
Quintana de Gómez hizo un llamado a las autoridades y a la comunidad para que visiten las rancherías donde están ubicadas las ollas comunitarias y vean de primera mano la situación de hambre que enfrentan los habitantes de La Guajira. Mientras tanto, la incertidumbre sobre el destino del dinero del contrato y el futuro de las ollas comunitarias sigue sin resolverse, dejando a miles de personas en una situación de vulnerabilidad extrema.
