En un importante pronunciamiento, la Corte Constitucional ha reconocido los avances del Gobierno Nacional en el cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017, que busca garantizar los derechos fundamentales de las comunidades indígenas y rurales de La Guajira, particularmente en temas relacionados con agua potable, salud y nutrición. Este fallo emblemático declaró el estado de cosas inconstitucional en la región debido a las graves vulneraciones de derechos sufridas durante años por la población, especialmente los niños de las comunidades wayuu.
Durante la revisión del cumplimiento de la sentencia, la Corte destacó los esfuerzos del Gobierno para implementar proyectos de acceso a agua potable, un recurso esencial para mitigar los índices de desnutrición infantil que históricamente han afectado a la región. Entre las medidas implementadas, sobresalen la construcción y rehabilitación de acueductos, sistemas de abastecimiento comunitario y el fortalecimiento de estrategias para llevar agua a las zonas más apartadas mediante carros cisterna.
En el ámbito de la salud, se subrayó la mejora en la cobertura de servicios básicos y la implementación de programas de atención integral a las familias Wayúu, incluyendo el aumento de equipos médicos móviles que permiten llegar a los territorios de difícil acceso.
La información la dio a conocer la consejera para las regiones, Luz Marina Múnera Medina, quien agradeció a todos los miembros del Gobierno nacional que se dispusieron. Hoy el MESSEP (Mecanismo Especial de Seguimiento de Políticas Públicas, cumpliendo la orden tercera de esa sentencia) que es ese organismo en donde todos confluyen con el gobernador, los alcaldes, los ministerios y las direcciones, es un solo equipo.
Múnera Medina agradeció a Planeación Nacional, a la DIAN y al Ministerio del Interior, que también aportaron en el avance del cumplimiento T-302. “Agradecer muy especialmente a Planeación que nos ha enseñado a dar orden en el sistema del MESSEP para que funcione. Es un orgullo ver lo que hemos logrado con la DIAN, en el proceso de comunicación con las comunidades, además del Ministerio del Interior, que viene trabajando en la posibilidad de que tengamos una participación real y efectiva de las comunidades wayuu”, añadió.
Finalmente, Múnera concluyó que se presentará a la Corte y al pueblo de La Guajira un plan estratégico que muestre que el Gobierno nacional no solamente está cumpliendo con la sentencia, sino que “en el tiempo y en el espacio, los problemas de ese departamento desaparezcan”.
A pesar del respaldo de la Corte, la entidad subrayó que aún persisten retos importantes para alcanzar un cumplimiento pleno de la Sentencia T-302. Entre ellos, se encuentra la necesidad de garantizar la sostenibilidad a largo plazo de los proyectos iniciados, la asignación de recursos suficientes y la coordinación entre el Gobierno Nacional, los entes territoriales y las autoridades indígenas.
La Corte también hizo un llamado a priorizar la participación activa de las comunidades en la planificación y ejecución de las soluciones, resaltando la importancia del diálogo intercultural como base para diseñar políticas que respondan a las necesidades reales de las comunidades afectadas.
