El contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, anunció una auditoría de seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017, en la que la Corte Constitucional le ordena al Estado garantizar los derechos al agua, la salud y la alimentación del pueblo Wayuu asentado en los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia.
De acuerdo con lo informado por la entidad, esta auditoría se adelantará en el primer semestre del presente año y dará inicio el próximo 23 de enero con la participación de la Contraloría Delegada de Inclusión Social, la Gerencia Departamental Colegiada de La Guajira, y las Contraloría Delegadas de Posconflicto, Población Focalizada, Salud, Educación, Gestión Pública, Defensa, Vivienda, Medio Ambiente, Infraestructura y Sector Agropecuario.
Estas dependencias de la Contraloría harán el seguimiento, vigilancia y control a las acciones implementadas para el cumplimiento de ordenado en dicha Sentencia a las entidades responsables, entre ellas el ICBF, algunos ministerios como el de Salud, de Vivienda, de Hacienda; entre otros.
La entidad informó que, por cada Contraloría Delegada se ha conformado un grupo con diferentes perfiles profesionales para el seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017.
Recordemos que esta Sentencia fue expedida en mayo del año 2017 y no ha sido cumplida en su totalidad. De acuerdo con las estadísticas del Instituto Nacional de Salud, desde entonces han fallecido más de 370 niños Wayuu por enfermedades asociadas con la desnutrición.
Solo en el 2022, según el INS, murieron 85 menores de cinco años de edad por esta misma causa, siendo uno de los años que más registró muertes. Sin contar con los grandes subregistros que, según líderes wayuu, existen en las comunidades, pues muchos fallecimientos de niños por desnutrición no son reportados.
