El exfuncionario Emerson Segundo Pinto Camargo, que aceptó su responsabilidad en los hechos, fue condenado a 37 meses de prisión por irregularidades en contratos que tenían como objeto disminuir la mortalidad infantil en este municipio.
Según información de la Fiscalía General de Nación se detectaron anomalías en tres convenios interadministrativos suscrito entre el ente territorial y el Hospital San Rafael en el año 2011, lo cuales, buscaban desarrollar acciones para reducir casos de muerte infantil especialmente en comunidades indígenas.
A Pinto Camargo se le condenó por el delito de falsedad ideológica en documento público, ya que se constató que, como supervisor de los convenios, emitió y aprobó actas de inicio, ejecución y liquidación de los contratos y las interventorías, con las que se pretendía legalizar el pago de más de 18.990 millones de pesos.
El ente acusador pudo establecer que los convenios fueron entregados a 10 particulares que no ejecutaron las actividades de entrega de ayuda humanitaria, agua potable, medicamentos y atención médica profesional en las comunidades indígenas.
Asimismo, en la investigación se pude comprobar que durante las etapas previas a la contratación existieron inconsistencias en los estudios técnicos y financieros, no se presentó caracterización alguna de las comunidades a beneficiar ni su posición geográfica. En la fase de ejecución se evidenció que fueron contratados 1.459 personas a quienes se le pagó un salario diferente por el que fueron contratados. Además, se demostró que existieron sobrecostos y actividades que nunca se desarrollaron, pero fueron pagados.
La Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía sostuvo que los recursos de los tres convenios se desviaron para financiar una campaña política a la Gobernación de La Guajira.
Por esta misma investigación el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Conocimiento de Maicao condenó a Eliana Margarita Urango Alvárez a tres años de prisión por los delitos de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento privado.
De igual forma, la exgobernadora de La Guajira, Onieda Pinto, está vinculada a la investigación por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad en documento público.
