Hay imágenes que deberían obligar al Estado a guardar silencio, no a montar un escenario.
La muerte de un ser humano, incluso en medio de una confrontación armada y aun cuando se trate de integrantes de una organización ilegal, no puede convertirse en un trofeo político ni en parte de una puesta en escena. Mucho menos cuando quien encabeza ese acto es el presidente de la República, jefe de Estado y máxima representación institucional de un país que se define constitucionalmente como un Estado social de derecho.
Lo ocurrido resulta profundamente cuestionable y merece un rechazo contundente.
No se trata de discutir si las Fuerzas Militares tienen el deber de combatir a quienes amenazan la seguridad de los colombianos. Lo tienen. El Estado debe perseguir a las estructuras armadas ilegales y proteger a la población dentro del marco de la Constitución y la ley.
Pero una cosa es informar sobre una operación militar y otra muy distinta convertir los cuerpos de personas muertas en la escenografía de una rueda de prensa.
Caminar entre cadáveres cubiertos, detenerse frente a ellos, pasearse ante las cámaras y presentar la escena como parte de un balance político o militar es cruzar una frontera ética que un Estado democrático no debería cruzar jamás.
¿Dónde quedó el respeto por la dignidad humana?
La dignidad no desaparece con la muerte. Tampoco desaparece porque una persona haya pertenecido a un grupo armado ilegal. Precisamente la diferencia entre el Estado y aquellos que desconocen la ley debería estar en su capacidad de actuar con principios, incluso frente a sus enemigos.
Un Estado social de derecho no demuestra su fortaleza humillando a los muertos ni utilizando cadáveres para construir un mensaje político. Su autoridad se mide, precisamente, en la manera como ejerce el poder cuando tiene el control absoluto de la escena.
Los cuerpos no son utilería.
Los muertos no son propaganda.
Y una rueda de prensa no puede convertir la tragedia humana en un espectáculo mediático.
Es necesario preguntarse qué mensaje se está enviando a Colombia y al mundo cuando el propio jefe de Estado aparece recorriendo una escena en la que los cadáveres son expuestos como parte central de un acto público. ¿Qué ocurrió con el respeto debido a los cuerpos? ¿Dónde está la sensibilidad que debería caracterizar a las instituciones? ¿En qué momento la comunicación de una operación militar dejó de ser información para transformarse en una exhibición?
Colombia ha vivido demasiado dolor para normalizar estas imágenes.
Durante décadas, este país ha exigido respeto por las víctimas, por los desaparecidos, por los cuerpos sin identificar y por las familias que han tenido que reconocer a sus seres queridos en circunstancias dolorosas. No podemos defender la dignidad humana dependiendo de quién sea el muerto.
La dignidad no puede tener ideología.
La muerte no puede tener categoría política.
Y el respeto no puede aplicarse únicamente a quienes pensamos que lo merecen.
El presidente de la República tiene una responsabilidad mayor que cualquier otro funcionario: representar los valores de la Constitución y enviar mensajes claros sobre los límites éticos del poder. Por eso, cuando desde la máxima jefatura del Estado se normaliza una escena de esta naturaleza, la preocupación no es menor.
Se puede celebrar una operación exitosa sin celebrar la muerte.
Se puede informar cuántos combatientes fueron dados de baja sin exhibirlos.
Se puede demostrar autoridad sin perder humanidad.
Se puede combatir con firmeza sin renunciar a la dignidad.
Colombia necesita un Estado fuerte contra el crimen, sí. Pero también necesita un Estado profundamente respetuoso de los principios que dice defender.
Porque si la guerra nos hace perder la capacidad de reconocer la humanidad incluso en la muerte, entonces la pregunta ya no es únicamente qué estamos combatiendo.
La pregunta es qué estamos dispuestos a sacrificar para ganar.
Y ninguna victoria puede justificar que la dignidad humana termine convertida en espectáculo.
