La Corte Constitucional continúa en La Guajira con una visita de seguimiento para verificar el cumplimiento de la sentencia T-302 de 2017, relacionada con la garantía de los derechos fundamentales de los niños, niñas y familias del pueblo Wayuu.
La inspección judicial comenzó en Riohacha con un acto de apertura en el que participaron representantes de la Corte Constitucional, autoridades departamentales, alcaldes, la Procuraduría y funcionarios vinculados al seguimiento de la sentencia.
Durante la jornada, la comisión se trasladó hasta el resguardo Perrapu, cerca del Parque Nacional Natural Los Flamencos, donde revisó las condiciones de acceso al agua, tomó muestras para evaluar su calidad y verificó aspectos relacionados con las vías, la situación de los menores y los indicadores de desnutrición.
Posteriormente, los funcionarios llegaron a la comunidad de Romero, donde revisaron una pila pública construida para garantizar el suministro de agua, pero que, según los habitantes, permanece fuera de funcionamiento desde hace cerca de tres años.
En este punto también se evaluó la sostenibilidad de la infraestructura y la responsabilidad sobre su operación, además de realizar nuevas muestras para determinar las condiciones del recurso hídrico.
César Arismendi, coordinador de la veeduría ciudadana, explicó que la jornada hace parte de la verificación de los ocho objetivos mínimos constitucionales establecidos en la sentencia: acceso al agua, alimentación, salud, movilidad mediante vías, sistemas de información, transparencia, sostenibilidad de las obras y diálogo genuino con las comunidades.
La comisión judicial está integrada por cuatro magistrados auxiliares. Dos iniciaron la inspección el miércoles bajo el liderazgo del magistrado auxiliar Hugo Escobar, mientras que los otros dos se incorporaron durante la jornada del jueves.
La Corte Constitucional continuará su recorrido por otros territorios de La Guajira para verificar en terreno el cumplimiento de las medidas establecidas en la Sentencia T-302.