Los arroceros del Cesar y La Guajira solicitaron al Gobierno Nacional medidas urgentes para frenar la reducción de las áreas sembradas y garantizar la rentabilidad del cultivo afectado por los altos costos de producción, los bajos precios de compra y las dificultades de comercialización.
En diálogo con Radio Guatapurí, Alex Meza, presidente del gremio de arroceros de ambos departamentos, indicó que en la zona de la Costa Norte, que comprende Fundación, Valledupar y el sur del Cesar, se pasó de cerca de 30.000 hectáreas sembradas en 2024 a 13.000 en 2025. Para 2026, estima que la cifra podría descender a 8.000 hectáreas. También señaló que el fenómeno de El Niño ha afectado los rendimientos de las cosechas.
Meza expresó preocupación por la competencia con el arroz de Estados Unidos y Ecuador, así como por el contrabando, factores que, según afirmó, presionan los precios internos.
“Los productores queremos trabajar, lo único que estamos pidiendo es que nos den garantías para trabajar”, manifestó.
Sobre los precios, indicó que en septiembre el kilo de arroz se pagó a $1.463, frente a los $1.369 de agosto. Aunque reconoció una recuperación, aseguró que sigue siendo insuficiente para cubrir los costos. Además, explicó que la falta de capacidad de almacenamiento limita la negociación de las cosechas.
El dirigente señaló que Colombia consume alrededor de 2,1 millones de toneladas de arroz al año, mientras que la producción de 2025 habría alcanzado 3,2 millones. También cuestionó los inventarios cercanos a 1,5 millones de toneladas y pidió reforzar los controles al contrabando.
Asimismo, solicitó una reunión con el Ministerio de Agricultura y la convocatoria del Consejo Nacional del Arroz. Según indicó, la junta directiva de Fedearroz ha enviado tres invitaciones al ministro sin concretar el encuentro.
Meza advirtió sobre el ingreso de arroz estadounidense sin aranceles previsto para 2030, en el marco del TLC, y pidió preparar al sector.
“Si seguimos en esta misma situación, pues yo creo que no se va a sembrar arroz”, advirtió, al señalar que están en riesgo el empleo rural, la economía regional y la seguridad alimentaria.
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