La Corte Constitucional constató signos evidentes de posible contaminación en una fuente de agua utilizada para consumo humano en Jojoncito, Uribia, durante la inspección judicial realizada entre el 26 y el 28 de agosto para verificar el cumplimiento de las órdenes de la Sentencia T-302 de 2017, que declaró la vulneración de derechos fundamentales de la población infantil wayuu.
La diligencia fue adelantada por la Sala Especial de Seguimiento a esa sentencia, en desarrollo del Auto 1017 de 2026, con el propósito de verificar en terreno las condiciones en que se garantizan los derechos al agua potable, la salud y la alimentación en comunidades de La Guajira.
En el componente de agua, la comisión recorrió el Resguardo Indígena Wayuu de Perratpu y la comunidad de Romonero, en Riohacha, así como Jojoncito y Carrizal, en Uribia. En estos lugares se realizaron tomas de muestras para evaluar las características fisicoquímicas y microbiológicas del agua.
En Jojoncito, los magistrados auxiliares encontraron que la comunidad se abastece de un reservorio de agua de escorrentía superficial que presenta signos de posible contaminación, entre ellos la eventual presencia de heces fecales de animales de corral y microalgas, estas últimas asociadas a la coloración verdosa observada en el agua.
Las muestras fueron trasladadas inmediatamente a un laboratorio para su análisis. Por ello, la Corte precisó que los resultados de estas pruebas harán parte de la valoración posterior sobre el grado de cumplimiento de las órdenes relacionadas con el derecho al agua.
La diligencia contó con el acompañamiento de la viceministra de Agua y Saneamiento Básico, Mónica Saldarriaga, quien estuvo presente en los puntos visitados y presentó propuestas de solución inmediata frente a las falencias identificadas. Los compromisos quedaron registrados como parte del material probatorio de la inspección.
Persisten barreras para acceder a la salud
En materia de salud, la Corte encontró que en varias de las comunidades visitadas existen equipos extramurales e interculturales que prestan servicios directamente en los territorios.
Sin embargo, las autoridades tradicionales advirtieron que las EPS contratadas no estarían realizando el seguimiento necesario a los casos detectados, situación que, según las comunidades, dificulta el control de los tratamientos requeridos por niños y niñas wayuu.
A las dificultades para garantizar la continuidad de la atención se suman los problemas de movilidad. Las comunidades señalaron que el deterioro o ausencia de vías dificulta los desplazamientos hacia los centros de salud, especialmente durante la temporada de lluvias, cuando también se complica el acceso oportuno a servicios asistenciales y de urgencias.
Otro de los problemas señalados durante la inspección es la falta de centros de salud cercanos a los lugares donde habitan las comunidades. En algunos casos, según las autoridades tradicionales, la infraestructura existe, pero no se encuentra en funcionamiento.
Alimentación: comunidades alertan por suficiencia de los alimentos
La Sala Especial también verificó las condiciones relacionadas con el derecho a la alimentación. La comisión visitó los lugares donde se almacenan y preparan los alimentos y recorrió, junto con miembros de las comunidades, las rutas que deben transitar para conseguir agua destinada a la preparación de sus alimentos.
Entre los programas mencionados durante las visitas estuvieron el Modelo de Atención Integral (MAI) del ICBF y el Programa de Alimentación Escolar (PAE).
Las comunidades reportaron dificultades relacionadas con la cantidad y suficiencia de los alimentos, así como problemas en la caracterización y movilización de niños y niñas hacia las instituciones educativas.
En este punto, la administración municipal de Uribia advirtió que la continuidad del PAE está asegurada únicamente hasta octubre debido a dificultades de sostenibilidad financiera.
La Corte continuará el seguimiento
La información recopilada durante la inspección, incluidos los resultados de las muestras de agua y la documentación entregada por las entidades y comunidades, será incorporada al informe que analizará la Sala Especial de Seguimiento.
La Corte continuará así evaluando el cumplimiento de las órdenes de la Sentencia T-302 de 2017 y determinará las actuaciones que correspondan frente a las entidades responsables, de acuerdo con los hallazgos obtenidos durante la diligencia.
Este 28 de agosto, la comisión continuó su recorrido hacia Maicao y Manaure, donde tiene previsto verificar las condiciones del asentamiento La Pista y de la Pila Pública Casa Azul.
La inspección contó con la participación de autoridades y entidades nacionales, departamentales y municipales, entre ellas la Gobernación de La Guajira, las alcaldías de Riohacha, Uribia, Manaure y Maicao, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Contraloría, varios ministerios, el ICBF, el DANE, la Registraduría, ESEPGUA y empresas municipales de agua, además de otros actores vinculados al seguimiento de la sentencia.
La presencia de la Corte en los territorios busca establecer, directamente con las comunidades wayuu, qué tanto han avanzado las medidas ordenadas para garantizar derechos fundamentales que continúan presentando dificultades en distintos puntos de La Guajira.