La Defensoría del Pueblo emitió un nuevo informe en el que advierte sobre el preocupante aumento de conflictos sociales en el país, y La Guajira figura entre las regiones con mayor riesgo. La combinación de disputas territoriales entre grupos armados, extorsiones y desplazamientos forzados ha generado una crisis humanitaria que pone en jaque la seguridad de miles de habitantes.
Crecen los conflictos sociales en Colombia
De acuerdo con la Defensoría, en el primer trimestre de 2025 los conflictos sociales que se presentaron en el país aumentaron un 9%, pasando de 748 a 817 casos. Entre las principales causas figuran las protestas por el impuesto predial, que crecieron un 400%, la defensa de derechos de personas privadas de la libertad y las exigencias de mejora en el acceso a la salud.
Sin embargo, más allá de las cifras nacionales, el panorama en La Guajira es alarmante.
Un “polvorín” en el norte del país
La Defensoría calificó a La Guajira como una zona de riesgo extremo por la disputa territorial entre el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra. Estos grupos se disputan el control de rutas y economías ilegales, imponiendo normas a la población y aplicando castigos ejemplarizantes.
En municipios como Riohacha, Dibulla y San Juan del Cesar, la intimidación se ha vuelto parte del día a día: comerciantes, ganaderos y pescadores son obligados a pagar extorsiones, y quienes se niegan enfrentan amenazas o actos de violencia extrema.
Consecuencias para la población
Las comunidades rurales son las más afectadas. El reclutamiento de menores, el desplazamiento forzado y el confinamiento en territorios controlados por los grupos armados son cada vez más frecuentes. Según testimonios recogidos por la Defensoría, incluso actividades cotidianas como pescar o transportar mercancías requieren “permiso” de las estructuras criminales.
Llamado urgente a la acción
La Defensoría del Pueblo instó al Estado a reforzar su presencia institucional y activar mecanismos de diálogo que reduzcan las tensiones. La entidad también pidió medidas inmediatas para proteger a líderes sociales, comunidades indígenas y campesinas que han denunciado la situación.
“La Guajira es hoy más que un territorio; es un escenario donde la soberanía de la gente se ve amenazada por quienes imponen su ley con violencia”, enfatizó la Defensoría.
Mientras tanto, las familias afectadas claman por seguridad y apoyo para recuperar la tranquilidad que la violencia les ha arrebatado.
