Un escenario de profunda preocupación se vive entre los usuarios del sistema de salud en el departamento de La Guajira luego de conocerse una decisión que podría transformar de manera abrupta el modelo de atención para más de 160 mil afiliados de Nueva EPS en el territorio.
De acuerdo con la información conocida, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, habría instruido al agente interventor de Nueva EPS para que la atención primaria en salud en el departamento sea asignada exclusivamente a los hospitales públicos de La Guajira, sin los estudios técnicos, contratos y sin la concertación con las comunidades wayuu presentándose varias irregularidades.
La posibilidad de este cambio ha generado inquietud, especialmente entre los afiliados del régimen contributivo, quienes advierten que una modificación de esta magnitud podría afectar el acceso oportuno a servicios básicos como medicina general, odontología, controles preventivos y programas de promoción y prevención del riesgo en salud.
Usuarios consultados señalan que actualmente reciben atención a través de un único operador que funciona bajo una red organizada junto a las Alianzas de Usuarios, con infraestructura moderna, equipos biomédicos actualizados y mayor capacidad resolutiva. Según indican, este modelo ha permitido una atención más integral, facilitando el acceso a especialidades y subespecialidades sin necesidad de desplazarse a otras ciudades del país.
La preocupación también alcanza a poblaciones especialmente vulnerables. Padres de familia temen que niños y niñas diagnosticados con desnutrición aguda enfrenten mayores dificultades para acceder a controles y seguimiento médico oportuno. De igual manera, mujeres gestantes con embarazos de alto riesgo podrían ver comprometida la continuidad de sus controles prenatales y los procesos de remisión hacia especialistas.
Otro de los puntos que genera alarma entre los usuarios es la situación de la infraestructura hospitalaria en varios municipios del departamento. Habitantes señalan que algunos centros asistenciales presentan instalaciones deterioradas, limitaciones en dotación, escasez de talento humano y ausencia de tecnologías actualizadas para diagnóstico y tratamiento.
Voceros del sector también advierten que decisiones de este tipo deberían considerar el principio de libre elección del prestador. En el caso de comunidades indígenas wayuu, recuerdan además que cualquier medida que pueda afectar la forma en que acceden a los servicios de salud debe contemplar procesos de consulta previa.
Hasta ahora no se han dado a conocer detalles sobre cómo se garantizará la capacidad operativa de los hospitales públicos para asumir la totalidad de la atención primaria de los afiliados de Nueva EPSi en La Guajira. Mientras se esperan definiciones oficiales, la principal inquietud entre los usuarios es que una transición sin planeación termine deteriorando el acceso oportuno y la calidad de los servicios esenciales de salud en el departamento.
