El Tribunal Superior de Bogotá confirmó la condena contra Francisco Javier Estupiñán Bravo, exrepresentante de ventas de la Corporación Mixta Integral Yapurutú, por su participación en las irregularidades de un contrato de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) destinado a suministrar carrotanques para atender la crisis de agua en La Guajira.
Tras revisar los términos del allanamiento a cargos, el Tribunal ajustó la pena y estableció una condena de nueve años, 11 meses y 27 días de prisión por los delitos de peculado por apropiación en favor propio y de terceros e interés indebido en la celebración de contratos.
El proceso se originó en la orden de proveeduría por $29.000 millones para adquirir 40 carrotanques destinados a comunidades de La Guajira. Según la investigación, Estupiñán intervino en el direccionamiento y la adjudicación irregular del contrato a favor de Yapurutú.
Carrotanques que todavía no estaban listos
Uno de los elementos centrales de la investigación fue una certificación presentada durante el proceso contractual en la que se aseguraba que los vehículos estaban disponibles y podían ser entregados de inmediato.
La Fiscalía estableció que esa información no correspondía con la realidad. Cuando se tramitaron los pagos, los carrotanques todavía se encontraban en etapa de ensamblaje.
A pesar de ello, entre diciembre de 2023 y febrero de 2024 fueron gestionados desembolsos por $25.375 millones, de acuerdo con la investigación.
El análisis del contrato también identificó sobrecostos por $11.114 millones. De ese monto, Estupiñán y el representante legal de Yapurutú se apropiaron de $4.330 millones, mientras otros terceros habrían recibido $6.784 millones.
Además de la pena de prisión, el Tribunal impuso al condenado una inhabilidad de 119,9 meses para ejercer derechos y funciones públicas. También deberá pagar una multa de $5.000 millones por los recursos apropiados y otra equivalente a 82,4 salarios mínimos legales mensuales vigentes, cercana a $144 millones.
Ahora colaborará con la Fiscalía
La decisión judicial ocurre de manera paralela a un principio de oportunidad avalado por un juez de control de garantías de Bogotá.
Como parte del acuerdo con la Fiscalía, Estupiñán se comprometió a entregar información sobre otros posibles participantes en los hechos investigados, contribuir a la reparación económica de los perjuicios y construir una obra de infraestructura conmemorativa para cada una de las comunidades indígenas reconocidas como víctimas.
El principio de oportunidad contempla además la suspensión parcial de la acción penal por los delitos de falsedad ideológica en documento público agravada por el uso y falsedad en documento privado.
La información que entregue el condenado será ahora uno de los elementos que la Fiscalía podrá contrastar dentro de las investigaciones que continúan abiertas por el entramado de contratación de la UNGRD.
El caso vuelve a poner sobre la mesa el destino de los recursos que fueron contratados para atender una de las necesidades más sensibles de las comunidades de La Guajira: el acceso al agua.