Las comunidades wayuu de Tamaquito, La Gran Parada, además, de la organización Fuerza Mujeres Wayuu, la Corporación Geoambiental Terrae y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, instauraron una acción de tutela exigiendo a la justicia se pronuncie respecto al estudio sobre los impactos de la minería.
Sostienen que el análisis sobre los impactos de esta actividad extractivista fue realizada por investigadores que obedecen los intereses de las empresas mineras.
“Estos fueron llevados a cabo por investigadores que hacen parte de empresas mineras o que han defendido sus intereses y sin participación de las comunidades”, argumentan los accionantes.
Dicho estudio se realizó para determinar los impactos de la actividad minera y la explotación ilícita de minerales, en cumplimiento de la Sentencia T445 de 2016 y la política pública nacional integral para “optimizar y hacer cumplir prioritariamente la prevención y el control contra la contaminación del aire y del agua causada por la explotación y transporte de carbón, ordenada por la sentencia T 154 de 2013”.
En la tutela, los accionantes manifiestan que el estudio y esta política para las áreas de explotación de minerales excluye a las comunidades favoreciendo los intereses de la compañía Carbones del Cerrejón en los capítulos específicos sobre la región.
“Estas conductas por parte de la institucionalidad ambiental del país representan una violación sistemática a los derechos fundamentales de participación, y acceso a la información veraz e imparcial, amenazando los principios de democracia y justicia ambiental en una región con una reconocida crisis por el agua y la alta vulnerabilidad a los estragos del cambio climático”, sostienen.
El recurso fue interpuesto en contra del Ministerio de Minas, Ministerio de Ambiente, Ministerio del Interior, la Unidad de Parques Nacionales Naturales, al Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt, la Agencia Nacional de Minería, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y la Corporación Autónoma Regional de La Guajira.
“Estas entidades a través de sus conductas u omitiendo sus deberes, han vulnerado y desconocido los derechos reclamados”, además, indican que “de manera indebida, las autoridades públicas delegaron y privilegiaron la producción de la información relacionada con los impactos de la minería de carbón a cielo abierto, en autores con evidentes conflictos de intereses, como son los directores de gestión ambiental de las dos compañías multinacionales carboníferas Drummond y Carbones del Cerrejón”.
Según estas comunidades y organizaciones, los estudios elaborados por autores de las empresas carboníferas, dan como resultado conclusiones parcializadas y sin el rigor científico que apuntan a negar, ocultar y minimizar los impactos, tales como que la explotación carbonífera durante 40 años en La Guajira no ha causado un conflicto significativo por el agua en la región.
Ante esto, han solicitado se abran espacios significativos e incluyentes de participación a las comunidades locales, de manera que su conocimiento y experiencia, y se incorporen en los capítulos específicos sobre La Guajira del estudio y la política. Asimismo, que se ordene a la institucionalidad ambiental adoptar en adelante un estándar de imparcialidad, rigurosidad e independencia en los estudios oficiales y políticas públicas relacionadas con los impactos de la minería de carbón a cielo abierto.
Por último, que se prevenga a las entidades accionadas para que adopten un especial cuidado en su conducta a fin de frenar la influencia indebida de la empresa Carbones del Cerrejón en los procesos públicos de toma de decisiones, generación de información, estudios, evaluaciones de impacto ambiental, formulación e implementación de políticas públicas de fiscalización, regulación o medidas destinadas a la protección de derechos en el marco de las afectaciones y violaciones causadas por la extracción minera en La Guajira.
