En el norte de Colombia, La Guajira emerge como uno de los departamentos más áridos del país, pero también como una tierra de inmensa riqueza natural. Sin embargo, esa abundancia no se traduce en bienestar para su gente. Desde hace décadas, los proyectos de explotación de recursos naturales han beneficiado a Colombia en su conjunto, pero no han logrado cambiar la realidad de pobreza y exclusión de las comunidades locales.
Somos el epicentro de la transformación energética del país, pero paradójicamente, ese desarrollo no se refleja en las condiciones de vida de los guajiros. Ejemplo de ello es la mina de El Cerrejón, una de las mayores del mundo. Esta explotación, que ha sido motor de ingresos por sus exportaciones de carbón, ha dejado un rastro de desplazamiento forzado, pérdida de tierras, escasez de agua y contaminación ambiental.
Los pueblos indígenas, como los Wayúu, han sufrido las consecuencias más graves de este modelo extractivista. Aunque las empresas mineras han invertido en infraestructura y programas sociales, esos esfuerzos han sido insuficientes y mal distribuidos, dejando a la región sumida en una pobreza alarmante.
La Guajira también tiene un enorme potencial para la generación de energía renovable. Los parques eólicos instalados en el departamento generan una cantidad significativa de energía para Colombia, pero esa riqueza energética no llega a las comunidades locales. Muchas zonas rurales e indígenas carecen de acceso constante a la electricidad, una paradoja inadmisible.
En el ámbito del gas natural, La Guajira posee el 20% de las reservas de gas de Colombia, pero la distribución de los beneficios derivados de su explotación ha sido desigual. Los proyectos de extracción no han mejorado sustancialmente las condiciones de vida de las comunidades cercanas. Ahora, con el descubrimiento del pozo Sirius 2, el más grande del país, parece que la historia vuelve a repetirse.
El Gobierno Nacional, en un acto de discriminación, está permitiendo que Ecopetrol y Petrobras elijan a Santa Marta como sede administrativa del proyecto, a pesar de que el pozo está mucho más cerca de Dibulla, en La Guajira. Este proyecto, que promete generar 2.500 empleos directos y 10.000 indirectos, podría dinamizar la economía local, pero esa oportunidad se está negando a nuestro departamento. Mientras garantizamos energía para todo el país por muchos años, nosotros seguimos sin energía.
La Guajira no pide privilegios, sino justicia. Las comunidades locales han solicitado que el Centro de Operaciones del Pozo Sirius 2 se establezca en Riohacha. Esta no es solo una decisión lógica por la cercanía geográfica, sino una forma de reconocer a los guajiros y generar empleo y desarrollo para una región que ha sido históricamente marginada.
El Proyecto Sirius 2 triplicará las reservas de gas en Colombia y garantizará energía para el país por los próximos 40 años, pero es posible que también amenace con traer consigo contaminación y daños al ecosistema marino del cual depende nuestra gente. Mientras nuestras costas son explotadas, los guajiros continúan sin acceso a los beneficios básicos de la energía que generamos para el resto del país.
Es inadmisible que nuestra gente siga pagando el precio de la riqueza que se extrae de nuestras tierras con pobreza, falta de servicios básicos y graves problemas de salud y educación. Los pueblos indígenas, y en especial la comunidad Wayúu, no pueden seguir siendo los grandes perdedores de un modelo que solo beneficia a los poderosos.
Este es el momento para cambiar el rumbo, para garantizar que los proyectos de explotación de recursos beneficien realmente a las comunidades locales. La Guajira ya ha dado demasiado; ahora es el turno de que Colombia le devuelva algo. Hacemos un llamado al Gobierno Nacional y a las empresas involucradas para que hagan lo correcto: establecer el Centro de Operaciones del Pozo Sirius 2 en Riohacha, La Guajira. Es hora de que nuestra región deje de ser vista como una simple fuente de riqueza y se convierta en un verdadero motor de desarrollo para su gente.
