El rector de la Universidad de La Guajira, Carlos Arturo Robles Julio, aseguró a través de un comunicado haber interpuesto una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación contra el fiscal especializado Rafael Francisco Rojas Orcasitas y el empresario Eddie José Gnecco.
De acuerdo con el comunicado, el rector acusa a ambos de estar relacionados con extorsión, persecución e indebido uso de instituciones del Estado para favorecer intereses particulares.
Los hechos, según Robles, se originaron en un presunto intento de soborno en el que se pretendía que la Universidad adquiriera un lote por un valor muy superior a su avalúo real, lo que habría generado un detrimento patrimonial para la institución.
El rector afirmó que, al negarse a participar en la transacción, comenzaron las amenazas, presiones y actos de persecución, entre ellos la indebida vinculación de su nombre con actividades ilícitas y el allanamiento a su residencia el pasado 26 de septiembre.
Robles denunció que estos hechos afectaron la tranquilidad de su familia y pusieron en duda su integridad y buen nombre.
En su declaración, el directivo universitario recalcó que se ha negado “de manera categórica a cualquier tipo de soborno o negociación ilegal”, asegurando que continuará actuando con transparencia y respeto por la legalidad.
Además, exigió a la Fiscalía que adelante las investigaciones con celeridad e imparcialidad para esclarecer el presunto uso indebido de mecanismos institucionales con fines extorsivos.
La denuncia de Robles no solo destapa un caso de presunta corrupción, sino que también plantea interrogantes sobre el papel de funcionarios y exfuncionarios en el uso del aparato estatal para presionar a quienes se oponen a prácticas cuestionables.
Mientras tanto, el rector manifestó su disposición de comparecer ante las autoridades competentes para demostrar su inocencia y aportar pruebas que desvirtúen los señalamientos en su contra.
La situación genera expectativa en la comunidad académica y política de La Guajira, pues de confirmarse las denuncias, se trataría de un nuevo golpe a la confianza en las instituciones y al manejo de recursos públicos en la región.
