En seguimientos realizados por la Contraloría General de la República a la ejecución del Programa de Alimentación Escolar en todo el país, identificó que, durante el segundo semestre del calendario académico, alrededor de 122.653 niños, niñas, jóvenes y adolescentes estudiantes de las zonas más vulnerables de La Guajira están en riesgo de no recibir alimentación escolar.
Según informó el ente de control, en la Gobernación de La Guajira por presuntos incumplimientos a los principios de planeación, faltarían por contratar 87 días de los 180 días del calendario escolar y se encuentra en riesgo la prestación del servicio para más de 81.479 estudiantes, debido a que aún no se asignan más $14.000 millones que se necesitan para cumplir con la vigencia 2023.
Asimismo, se informó que a la fecha más de 2.300 mil millones de saldos de la vigencia anterior no se han ejecutado.
La Contraloría advirtió que, de no lograrse las condiciones contractuales para garantizar la continuidad del programa para esta vigencia, de la población indígena se verían afectados 30.035 niños, niñas y adolescentes, es decir el 58% del total de los beneficiarios.
También se conoció que en lo que va corrido del 2023, 4.349 beneficiarios pertenecientes a comunidades indígenas no han recibido alimentos ya que, de los 17 operadores escogidos al finalizar este primer semestre, 3 se encuentran en proceso de legalización de contratos y 2 en trámites administrativos y subsanación de documentación para la suscripción y perfeccionamiento de los contratos.
En cuanto a la Alcaldía Distrital de Riohacha, la entidad sostuvo que se dio inició a la operación del PAE el día 7 de febrero de 2023, contando con un plazo de ejecución de 86 días escolares, garantizando la operación para 41.174 beneficiarios, solo hasta el primer semestre de calendario.
En el seguimiento realizado por la Contraloría General de República, se logró identificar que se requieren cerca de $9.627.982.000 que no se han asignado y aún con estos recursos, únicamente se llegarían a atender 176 días en mayoritaria y 152 en indígena, afectando a 18.261 estudiantes de estas comunidades que dejarían de recibir la alimentación escolar.
