Un fuerte terremoto sacude al gobierno colombiano luego de que una investigación de Noticias Caracol revelara lo que podría ser una infiltración profunda de disidencias de las FARC en instituciones clave del Estado, como el Ejército, la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), la Fiscalía y otras entidades de seguridad.
Al parecer, la denuncia se basa en documentos – como correos, chats y memorias digitales – incautados a alias Calarcá, uno de los cabecillas de las disidencias. Esos archivos apuntan a supuestos nexos con altos mandos estatales: por ejemplo, se mencionan al general Juan Miguel Huertas, jefe del Comando de Personal del Ejército, y a Wilmar Mejía, funcionario de la DNI. También hay conversaciones sobre un plan para montar una empresa de seguridad, que serviría como fachada para legitimar actividades de las disidencias.
Frente a estas acusaciones, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió con contundencia: aseguró que se ha ordenado una investigación rigurosa, y que no se tolerará ningún acto ilegal o de traición a la patria. Por su parte, desde la Fiscalía General de la Nación, la fiscal Luz Adriana Camargo dispuso que sus delegados ante la Corte Suprema de Justicia indaguen los posibles vínculos entre funcionarios y disidencias. Incluso la DNI emitió un comunicado en el que dice haber puesto “todas las acciones necesarias para garantizar claridad y transparencia”.
Mientras tanto, la reacción política no se hizo esperar. El exvicepresidente Germán Vargas Lleras exigió resultados concretos y cuestionó lo que considera una ausencia de acción real desde el Ministerio de Defensa. En contraste, el presidente Gustavo Petro ha minimizado las denuncias, sugiriendo que los informes son “falsos” y acusando directamente a la CIA de estar detrás de un intento de desprestigiar su administración.
Este episodio rompe nuevamente con la narrativa de la “paz total”, una de las banderas más visibles del gobierno actual, y eleva las dudas sobre la estabilidad institucional y la seguridad nacional. El Espectador ha calificado las acusaciones como de “gravedad máxima” y plantea preguntas sobre cómo esta información —que supuestamente estaba en manos de las autoridades— no había desencadenado antes una respuesta efectiva.
Si se confirman vínculos entre los disidentes y agentes del Estado, estaríamos frente a un quiebre profundo: no solo se pondría en entredicho la legitimidad de la inteligencia militar, sino también la integridad misma de las instituciones encargadas de proteger al Estado. Esto podría reavivar viejas heridas del conflicto armado, y tensionar aún más el panorama político y de seguridad en Colombia.
