La Defensoría del Pueblo emitió una Alerta Temprana Estructural por el riesgo que enfrenta la población civil en la Sierra Nevada de Santa Marta y su área de influencia, debido a la disputa territorial entre las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).
La alerta comprende municipios de La Guajira, Cesar y Magdalena y advierte sobre homicidios, extorsiones, desplazamientos, confinamientos, restricciones a la movilidad, paros armados, reclutamiento de menores, violencia de género, trata de personas y uso de artefactos explosivos.
En La Guajira, el documento incluye a Riohacha, Dibulla, San Juan del Cesar, Distracción, Fonseca, Barrancas, Hatonuevo y Albania. La Defensoría identifica riesgos asociados al control territorial, las extorsiones y las restricciones impuestas a las comunidades.
En Magdalena, municipios como Ciénaga, Puebloviejo, Zona Bananera, El Retén, Aracataca, Fundación y Algarrobo aparecen entre los territorios bajo presión. Santa Marta también hace parte del escenario advertido, junto con Riohacha y Dibulla, por su importancia estratégica para actividades como el turismo y la agroindustria. Además de El Copey, Bosconia, El Paso, Valledupar y Pueblo Bello, en Cesar.
La Defensoría identifica una especial condición de riesgo para pueblos indígenas, población afrodescendiente, campesinos, pescadores artesanales, líderes sociales y comunales, niños, niñas y adolescentes y personas defensoras de derechos humanos, entre otros sectores.
En La Guajira, el documento registra además episodios de desplazamiento de comunidades indígenas en jurisdicción de Riohacha y Dibulla, vinculados a enfrentamientos entre las estructuras armadas. También documenta incidentes asociados a artefactos explosivos en territorios de comunidades indígenas de la Sierra Nevada.
38 recomendaciones
Ante este panorama, la Defensoría formuló 38 recomendaciones dirigidas a las instituciones, relacionadas con prevención y protección, investigación, atención humanitaria, fortalecimiento de la Fuerza Pública y acciones de paz.
También plantea explorar diálogos con las estructuras armadas y estudiar la posibilidad de declarar la Sierra Nevada como Región de Paz.
La Defensoría pidió activar la CIPRAT, adoptar un plan de acción institucional y mantener un monitoreo permanente para responder a la evolución del riesgo.
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