El futuro del salario mínimo en Colombia para el año 2026 quedó envuelto en incertidumbre judicial tras una decisión reciente del Consejo de Estado, la máxima autoridad en lo contencioso administrativo del país.
La corporación decidió suspender temporalmente los efectos del decreto que fijó el alza del salario mínimo a $1.750.905, equivalente a un incremento de casi 24 %, mientras se revisa su legitimidad legal.
La medida, solicitada en medio de dieciséis demandas presentadas ante el alto tribunal, busca que el tribunal determine si el decreto expedido por el Gobierno cumple con las normas y procedimientos legales exigidos para fijar el ingreso mínimo. Si bien la suspensión no implica aún la anulación definitiva, sí detiene por ahora la aplicación plena de la norma mientras se examinan los argumentos de fondo.
Las demandas cuestionan, entre otros aspectos, que la decisión presidencial haya pasado por alto criterios técnicos y legales establecidos en la legislación vigente, especialmente en la manera de fijar el porcentaje de aumento sin una concertación clara entre empleadores, trabajadores y el Estado.
El salario mínimo de 2026 había sido decretado por el Gobierno con el objetivo de proteger el poder adquisitivo de más de 2,4 millones de trabajadores formales, fijándolo en torno a los dos millones de pesos incluyendo auxilio de transporte, un incremento que generó debates profundos en diferentes sectores económicos y sociales.
La decisión del Consejo de Estado pone ahora en manos de la justicia uno de los temas laborales más sensibles del momento, con posibles repercusiones en la economía familiar de millones de colombianos y en las finanzas de empresas que deberán esperar claridad antes de saber si el aumento seguirá vigente.
