La crisis por la prestación del servicio de energía eléctrica en La Guajira llegó este martes a la plenaria de la Cámara de Representantes, donde el congresista Jorge Figueroa Angarita dejó constancia de las dificultades que, según denunció, enfrentan miles de familias en diferentes municipios del departamento, especialmente en el sur.
Durante su intervención, Figueroa aseguró que algunos sectores completan más de 15 días afectados por interrupciones prolongadas del servicio, una situación que, afirmó, ha generado consecuencias en clínicas, instituciones educativas, establecimientos comerciales y hogares.
“Más de 15 días en tinieblas no es falla técnica, es colapso social”, manifestó el representante, al advertir que la falta de energía también ha ocasionado pérdidas de alimentos que requieren refrigeración y ha afectado el normal funcionamiento de actividades económicas.
El congresista señaló además que los bloqueos viales derivados del descontento por la crisis energética han terminado impactando el costo de la canasta familiar y las condiciones laborales en municipios como Barrancas, Fonseca y San Juan del Cesar.
Figueroa cuestionó igualmente el manejo de la intervención de Air-e y sostuvo que, a su juicio, las medidas adoptadas no han logrado resolver el problema estructural del servicio y, por el contrario, han contribuido al incremento de las obligaciones de la empresa en el departamento.
Frente a las causas de la crisis, el representante sostuvo que el debate no puede concentrarse únicamente en fenómenos como el robo de energía o la morosidad de los usuarios. Según su planteamiento, las pérdidas técnicas asociadas a la infraestructura de distribución requieren una atención prioritaria, mientras los usuarios continúan pagando por un servicio que, en distintos sectores, presenta interrupciones recurrentes.
Pese al panorama, el congresista planteó que La Guajira tiene condiciones para avanzar hacia alternativas de generación energética sostenible y anunció que desde la Comisión Quinta promoverá una mesa de trabajo con la ministra de Minas y Energía, María Arboleda; la superintendente de Servicios Públicos, Hilda Borja, y el nuevo agente interventor de Air-e.
El objetivo, explicó, será exigir un plan de choque que contemple inversiones en infraestructura, atención a las pérdidas técnicas y medidas de respuesta frente a las interrupciones que afectan a comunidades de todo el departamento.
“No venimos solo a señalar fallas, venimos a extender la mano y marcar la cancha para construir soluciones definitivas”, afirmó Figueroa, quien insistió en que el propósito debe ser garantizar a los habitantes de La Guajira un servicio de energía “justo, eficiente y duradero”.
