La línea férrea que conduce al municipio de Uribia permanece bloqueada por integrantes de siete comunidades indígenas wayúu, quienes decidieron cerrar el paso como acto de protesta frente a lo que describen como un deterioro progresivo de su entorno, su salud y sus condiciones de vida, asociado al funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) del municipio.
Las comunidades aseguran que residen dentro del área de influencia directa de la planta y de su laguna de oxidación, infraestructura que —según denuncian— opera sin medidas eficaces de control ambiental, generando vertimientos, malos olores y contaminación de cuerpos de agua utilizados tradicionalmente por la población wayuu.
Pedro Manuel Cotes, representante comunitario y vocero de la manifestación, explicó que la inconformidad no es reciente. Señaló que desde hace aproximadamente cinco años las comunidades vienen exigiendo el cumplimiento de una acción de tutela que ordenó la realización de una consulta previa, libre e informada, al tratarse de un proyecto que impacta directamente a pueblos indígenas. No obstante, aseguró que el fallo judicial no ha sido acatado.
De acuerdo con lo manifestado por los líderes wayúu, las aguas residuales provenientes de la PTAR estarían llegando al arroyo Chemerrain, lo que ha ocasionado la muerte de chivos y ganado, además de múltiples afectaciones en la salud de niños y niñas, quienes presentan enfermedades en la piel y otros síntomas que atribuyen a la contaminación ambiental.
Las comunidades señalaron que esta problemática se ha mantenido a lo largo de varias administraciones municipales y bajo la operación de la empresa Triple A de Uribia, sin que se adopten soluciones estructurales. Denuncian, además, que la acumulación de aguas residuales en los depósitos de la planta ha incrementado los malos olores y agravado el impacto sobre el territorio.
Ante la falta de respuestas institucionales, los manifestantes optaron por bloquear la línea férrea como mecanismo de presión para exigir el respeto de sus derechos constitucionales. Entre sus principales demandas se encuentran el cumplimiento inmediato del fallo de tutela, el inicio formal del proceso de consulta previa, la realización de brigadas de salud para evaluar las posibles afectaciones en la población, la suspensión de los vertimientos al arroyo Chemerrain y la presencia efectiva de las autoridades competentes en el territorio.
