Lo que está ocurriendo en toda la troncal de Caribe, en el sector que une a Santa Marta con Riohacha, no es un fenómeno nuevo. Es el resultado lógico de una acción que da como resultado una reacción. Un golpe a la delincuencia tiene como resultado la respuesta de los ilegales por defender sus intereses. Y es claro que, la presencia y actuación de la Fuerza Pública frente a situaciones que amenazan el orden y la ley, hacen parte de las responsabilidades constitucionales del Estado.
Durante años, distintos gobiernos y comandantes de las Fuerzas Públicas de Colombia han enfrentado estructuras armadas y organizaciones criminales. Todos los Gobiernos han actuado con contundencia y han elaborado planes más o menos intensos, que, progresivamente, han tenido resultados.
Pero, el verdadero reto es otro. El desafío actual consiste en contener esas estructuras cuando han alcanzado niveles de organización, capacidad de intimidación y control territorial, que han encontrado espacios de operación dentro de las grandes capitales, afectando de manera directa la movilidad, la economía y la vida cotidiana de ciudades enteras.
En ese contexto, la situación de Santa Marta y Riohacha es una prueba de fuego, para medir la capacidad de carácter y aguante que tiene el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella para controlar una fuerzas que en ocasiones son más importantes que las del mismo Estado dentro de los territorios.
La imposición de la mano firme del Estado, promesa del actual presidente, se está midiendo en este momento a fuego y temor dentro de las capitales del Magdelena y La Guajira. Hoy, el tigre, le dio una pedrada a un potroso, de donde hay cientos de abejas dando vueltas, dispuestas a atacar y defender el control que han ejercido históricamente sobre determinados sectores de las ciudades, en los cuales, la respuesta institucional ha sido realmente inocua e incapaz, con el pasar de los años.
La promesa de un paro armado, frente a la mano de hierro del gobierno, pueden dejar por medio a ciudadanos intimidados y pérdidas económicas incalculables para estos territorios. Por ahora, lo evidente es que, la promesa de militarizar a la ciudad de Santa Marta y seguramente, algo similar podrá pasar con Riohacha, tendrá un efecto negativo para la economía de estas ciudades, que dependen en gran medida del turismo.
La cancelación de vuelos, reservas en hoteles y restaurantes, será algo normal. Esto, frente a la cercanía de fechas importantes como la denominada, “semana de Uribe” y el fin de año, sin duda alguna, afectará la economía de ambos departamentos. Además, esta situación puede poner en vilo, el estrecho vínculo comercial y de servicios, que hay, no solo con el caribe colombiano, sino, la gran integración que hay en esta vía, desde Venezuela y con el resto del país.
Pero es claro que, la presencia de la Fuerza Pública en Santa Marta y Riohacha constituye una señal de que el Estado está ejerciendo su autoridad y que el control territorial no puede quedar en manos de organizaciones ilegales. Hoy, el desafío de fondo no es solamente recuperar un territorio. Es garantizar que el Estado tenga la capacidad permanente de permanecer en él, proteger a la población y recuperar plenamente la institucionalidad.
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