Según informó la unidad investigativa de El Tiempo, la entonces ministra de Educación, Vivian Morales, habría solicitado formalmente a la Fiscalía General de la Nación la asignación especial de investigadores para dar celeridad a las indagaciones relacionadas con el rector de la Universidad de La Guajira, Carlos Arturo Robles Julio.
De acuerdo con la información publicada por el medio nacional, aunque el expediente tiene carácter reservado, el nombre de Robles Julio habría sido incluido en octubre de 2025 dentro de una investigación en la que se indagan presuntos vínculos con una estructura criminal relacionada con el tráfico de estupefacientes hacia Estados Unidos.
El rector ha rechazado los señalamientos y ha sostenido que es víctima de una presunta extorsión. Su nombre aparece en el expediente bajo el alias de ‘Kaloy’, junto al de otras ocho personas que, según documentos citados por medios de comunicación, harían parte de una estructura denominada ‘El Cartel de La Guajira’. Estas afirmaciones corresponden a elementos de una investigación y no constituyen, por sí mismas, una condena o determinación de responsabilidad penal.
En su defensa, Robles Julio ha manifestado que las actuaciones en su contra estarían relacionadas con una presunta extorsión de la que, según su versión, habría sido víctima por parte de un fiscal de la Dirección Antinarcóticos y Lavado de Activos de la Fiscalía, con sede en Bogotá. El rector ha negado cualquier vínculo con actividades relacionadas con el narcotráfico y ha pedido que los señalamientos sean investigados por las autoridades competentes.
Como parte de las diligencias, los investigadores habrían iniciado la revisión del patrimonio y de los bienes relacionados con Robles Julio. Entre los activos mencionados en la información conocida sobre el expediente figuran seis inmuebles ubicados en Riohacha, otro en el sector de Riomar, en Barranquilla, una empresa constituida en 1998 y un establecimiento denominado Sales de Manaure.
La existencia de estas actuaciones hace parte de una investigación cuyos resultados y eventuales responsabilidades deberán ser determinados por las autoridades judiciales. Hasta el momento, no se conoce una decisión judicial que establezca responsabilidad penal contra el rector por los hechos señalados.
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