La Procuraduría General de la Nación anunció que acompañará en los próximos días la inspección judicial ordenada por la Corte Constitucional en La Guajira, como parte del seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017, relacionada con la protección de los derechos fundamentales de la niñez del pueblo Wayuu.
La diligencia permitirá verificar el estado de cumplimiento de las órdenes impartidas para garantizar el acceso al agua potable, la salud, la seguridad alimentaria y la participación de niños y niñas Wayuu en las decisiones que afectan sus derechos.
La inspección se desarrolla en medio del seguimiento que adelanta la Corte Constitucional a las medidas adoptadas por las entidades responsables de atender la situación de las comunidades Wayuu, particularmente en los municipios de Uribia, Manaure, Maicao y Riohacha.
Procuraduría advierte dificultades en la articulación institucional
De acuerdo con la Procuraduría, el Ministerio Público ha presentado ante la Corte Constitucional diferentes pronunciamientos derivados de su labor de seguimiento.
En estos documentos se han identificado aspectos que aún requieren atención, entre ellos la necesidad de mejorar la articulación y complementariedad de las acciones entre las entidades vinculadas y aquellas que tienen responsabilidades en el cumplimiento de la sentencia.
Según el órgano de control, estas observaciones han sido consideradas por la Corte Constitucional en sus decisiones y forman parte del proceso de seguimiento a las órdenes establecidas en la Sentencia T-302.
La sentencia declaró un estado de cosas inconstitucional relacionado con la vulneración de derechos fundamentales de los niños y niñas Wayuu y estableció medidas para enfrentar las condiciones que afectan su acceso a servicios y derechos esenciales.
Atención en comunidades dispersas
Como parte de su estrategia de seguimiento, la Procuraduría también informó que viene impulsando jornadas de atención directa en zonas dispersas de La Guajira.
Las actividades se han desarrollado en Uribia, Maicao, Manaure y Riohacha, con participación de entidades del orden nacional y territorial.
Según las cifras entregadas por el Ministerio Público, estas jornadas han permitido atender a más de 3.200 niñas y niños en el departamento, con servicios relacionados con salud, educación, seguridad alimentaria y registro civil.
La Procuraduría señaló que continuará promoviendo estas acciones mientras avanza el proceso de cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017.
El acompañamiento a la inspección judicial representa un nuevo momento de verificación sobre las medidas adoptadas para superar las condiciones que llevaron a la Corte Constitucional a intervenir en la situación de los niños y niñas Wayuu.
El reto sigue siendo que las decisiones y acciones institucionales se traduzcan en garantías efectivas y permanentes de derechos en los territorios donde viven las comunidades.
