Durante una audiencia realizada en la ciudad de Valledupar, exintegrantes del Ejército admitieron su responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales que afectaron a comunidades indígenas Wayuu, Wiwa y Kankuamo entre 2002 y 2008.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) escuchó este martes 28 de julio en Valledupar el reconocimiento de responsabilidad de militares retirados por ejecuciones extrajudiciales ocurridas en la región Caribe, hechos que también impactaron al departamento de La Guajira y dejaron como víctimas a integrantes de los pueblos indígenas Wayuu, Wiwa y Kankuamo.
La diligencia corresponde al Subcaso Costa Caribe II del Caso 03, que investiga los denominados “falsos positivos” registrados entre enero de 2002 y diciembre de 2008 en Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre.
Según la JEP, 43 militares fueron imputados como máximos responsables por el asesinato de 739 personas, quienes posteriormente fueron presentadas como bajas en combate. Además, la jurisdicción señaló que el 74 % de las muertes investigadas en esta fase corresponden a personas asesinadas y reportadas falsamente como guerrilleros muertos en operaciones militares.
Uno de los momentos más relevantes de la audiencia fue la intervención del sargento retirado Germán Custodio Tovio Medrano, quien reconoció su responsabilidad en 16 asesinatos y desapariciones forzadas. Durante su declaración admitió que actuó como enlace entre reclutadores y militares participando en la manipulación de pruebas y documentos para encubrir los crímenes.
El exuniformado también reconoció que varias de las víctimas pertenecían a las comunidades indígenas Wiwa y Wayuu.
“Reconozco el daño causado a los territorios, comunidades y etnias Wiwa, Wayúu y Kankuamo. No solo les dimos la espalda, sino que les causamos daños sabiendo que estaban por fuera del conflicto, que eran personas protegidas”, expresó durante la audiencia.
La investigación de la JEP sobre la Costa Caribe se desarrolla en dos fases. En la primera fueron identificados 15 máximos responsables, antiguos integrantes del Batallón La Popa. Doce de ellos reconocieron su responsabilidad y recibieron sanciones propias por el asesinato y, en algunos casos, la desaparición forzada de 135 personas en Cesar y La Guajira entre 2002 y 2005. En la segunda fase fueron imputados otros 28 comparecientes por crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con el asesinato y desaparición forzada de 604 víctimas.
Durante la jornada también participaron familiares de las víctimas, quienes insistieron en la necesidad de conocer toda la verdad sobre lo ocurrido. Como acto simbólico de memoria, una madre entregó a los comparecientes zapatos tejidos a mano, elaborados en homenaje a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, como recordatorio del compromiso adquirido con la verdad y la no repetición.
