En medio de las cifras nacionales que muestran el crecimiento del contrabando de cigarrillos en Colombia, La Guajira aparece como uno de los territorios más afectados por este fenómeno, con un porcentaje de participación ilegal del consumo que supera ampliamente el promedio nacional, según el más reciente informe de la Federación Nacional de Departamentos (FND) en conjunto con la firma Invamer.
El estudio correspondiente al año 2025 destacó que el contrabando llegó a representar el 38 % del consumo total de cigarrillos en el país, la cifra más alta registrada desde 2011. Esta realidad se traduce en impactos directos en la economía regional y en la financiación de servicios públicos esenciales como salud, educación y deporte. De acuerdo con la investigación, entre lo que dejó de recaudar el país el año pasado se encuentran más de 1,1 billones de pesos en impuestos que hubieran beneficiado a los departamentos, incluidos recursos que en La Guajira son claves para inversión social.
La participación de productos ilegales en La Guajira se ubicó en niveles cercanos al 94 %, superando el promedio nacional. Esta proporción indica que casi nueve de cada 10 cigarrillos consumidos en el departamento provienen del mercado informal, una realidad que no solo golpea al erario, sino que alimenta economías criminales y redes de contrabando en los territorios.
Expertos señalan que el precio más bajo de los productos ilegales, que pueden costar hasta un 60 % menos que los legales, es uno de los principales factores que impulsa esta dinámica. La falta de controles efectivos y la amplia disponibilidad territorial de estas mercancías han favorecido el auge de la oferta informal en regiones fronterizas y costeras, situación que también pone en riesgo la salud pública por la ausencia de garantías sobre la calidad de los productos.
Las autoridades regionales, junto con representantes de gremios y entes de control, han expresado su preocupación por estas cifras, que reflejan una pérdida de recursos que podrían destinarse a fortalecer servicios básicos en los municipios guajiros. La lucha contra el contrabando, según múltiples sectores, requiere estrategias de control más agresivas y una coordinación interinstitucional que permita recuperar rentas, proteger la salud de la población y desarticular las redes ilegales que operan en el país.
Este problema, que se replica en varios departamentos del Caribe y otras regiones, subraya la necesidad de mirar con urgencia las dinámicas del comercio ilegal y su impacto en las economías locales, especialmente en territorios como La Guajira, donde la incidencia de productos de contrabando podría tener efectos duraderos sobre el desarrollo y la financiación de políticas públicas.
