La Procuraduría General de la Nación anunció que convocará en los próximos días una mesa de trabajo interinstitucional de alto nivel para definir medidas inmediatas con el fin de restablecer los derechos de las familias migrantes venezolanas y colombianos retornados del vecino país ubicados en “La Pista” en Maicao.
Tras corroborar por parte de una Comisión Especial enviada a la zona, los migrantes se encuentran en precarias condiciones, sin acceso al agua, sin alcantarillado, servicios de salud, ni educación, y que afrontan amenazas permanentes de desalojo.
El procurador delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, aseguró que el Estado debe asumir de inmediato sus responsabilidades frente a esta realidad, en la que los más perjudicados son los niños, niñas y adolescentes, mujeres y adultos mayores.
“Para la Procuraduría es urgente que se haga una caracterización de toda la población, y se planteen soluciones para estas 12.000 personas, iniciando por la definición si es posible que se queden o serán reubicados, para posteriormente buscar soluciones a la falta de agua potable, se evacuen las aguas negras y los cúmulos de basuras para garantizar la vida de esta comunidad y poder trazar un plan de acción para el restablecimiento de sus derechos”, aseguró el procurador delegado.
El funcionario anunció formulará requerimientos a las diferentes entidades nacionales responsables de la atención para que tomen cartas en el asunto y preparen planes de atención a presentar en la mesa de trabajo.
Asentamiento fantasma
Luego de ser cerrada en 2015, la antigua pista del aeropuerto de Maicao comenzó a ser habitada por unas 500 familias de migrantes provenientes de Venezuela, que hasta ese momento permanecían en calles y parques del municipio.
Con la pandemia por COVID-19, miles de familias más, de migrantes venezolanos y colombianos retornados, llegaron al lugar en busca de una atención médica que no se prestaba en el vecino país. Desde entonces estas familias permanecen allí, buscando subsistir con trabajos informales, cómo parte de redes de microtráfico y sometidas a los vejámenes de grupos delincuenciales.
Frente a la indiferencia del gobierno local, que no presta allí ningún servicio, y frente al desconocimiento de entidades nacionales sobre esta situación, han sido las ONG internacionales que vienen prestando apoyo en la crisis migratoria que vive Colombia, las únicas presentes hasta el momento.
