La comunidad indígena La Ceibita Macedonia y el Estado colombiano reactivaron el mecanismo de diálogo y concertación en un encuentro que contó con la participación de altos funcionarios de la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio del Interior, la Consejería para las Regiones, Defensoría del Pueblo, el INPEC, USPEC y la Alcaldía de Riohacha.
Lo anterior, debido a que, según dieron a conocer delegados del Ministerio del Interior, el fallo en segunda instancia del Tribunal Administrativo de La Guajira por la tutela No. 44-001-33-40-002 del 21 de octubre de 2021, indicó que no procede consulta previa para esta comunidad respecto a la construcción del Centro Penitenciario de Mediana Seguridad en el Distrito, y, además, instó para que se establezca la comunicación intercultural para avanzar en el proceso.
El diálogo ahora será liderado por el Ministerio del Interior, quien propone desarrollar una ruta metodológica con varias etapas que buscan escuchar a las partes y de esta manera, se logren determinar cuáles son las implicaciones de la construcción del nuevo centro carcelario.
Se conoció que este diálogo contará con la vigilancia de la Procuraduría General de La Nación para cumplir la orden de la mencionada tutela y se espera que las mesas de trabajo inicien los días 9 y 10 de febrero en el territorio indígena.
Cabe recordar que la comunidad indígena de La ceibita Macedonia ha desarrollado múltiples protestas y bloqueos que han impedido la construcción de la nueva cárcel de Riohacha, pidiendo se le aplique el derecho a la consulta previa, ya que, según manifiestan, con esta obra hay violaciones a sus derechos fundamentales, a la vida, el territorio, medio ambiente, autonomía territorial, libre determinación y el consentimiento previo libre e informado.
La situación ha afectado a los más de 600 reclusos que se encuentran en la actual cárcel y los diferentes centros de detención transitorios, ya que, como lo han informado las autoridades distritales en reiteradas ocasiones, hay un problema de hacinamiento superior al 450 por ciento, por lo que se ha venido denunciando violaciones de derechos humanos de los detenidos.
La nueva cárcel tendría una capacidad para albergar 1.800 internos, ayudando a superar el problema de hacinamiento que existe actualmente.
