Las comunidades wayuu que mantienen la protesta alrededor del proyecto eólico Guajira 1 le han pedido al presidente de la república, Iván Duque, que no inaugure esta estructura el próximo viernes 22 de enero, hasta que no se revise la consulta previa que se llevó a cabo.
En una carta firmada por la autoridad tradicional wayuu, Denys Velásquez Uriana, afirman que “en mis territorios ancestrales, de manera arbitraria y en contravía al Derecho Fundamental al Consentimiento Previo Libre e Informado, se levantó el proyecto Guajira 1, invadiendo y profanando nuestros sitios sagrados. Frente a esta grave vulneración desde inicios del año 2021 intente por todos los medios buscar un espacio de diálogo con la empresa Isagen, pero nunca fue posible; solo hasta el día 27, cuando amparados en nuestra libre determinación y autonomía territorial, decidimos tomar posesión de nuestros territorios y paralizar las obras realizadas”.
Pide el acompañamiento para este proceso de entidades independiente defensoras y garantes de los derechos humanos como el ICANH (Instituto Colombiano de Antropología e Historia), INDEPAZ (Instituto de Estudios para el desarrollo y la Paz) CAJAR (Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo), CINEP (Centro de Investigación y Educación Popular) y por supuesto de la ONG de DDHH Nación Wayuu.
Las tres comunidades que están reclamando la consulta previa son las de Maleen, Woupase y Maluy.
“De manera esquiva y tajante manifestó que eso era un imposible toda vez que las comunidades afectadas ya habían sido consultadas y si mis comunidades habían quedado por fuera eso no era problema de la empresa sino del estado y que, si seguíamos y persistíamos en bloquear la entrada del proyecto, íbamos a tener problemas con las otras comunidades. Hasta el sitio de la manifestación han llegado personas de otras comunidades a amenazarlos y a censurarlos por reclamar sus derechos y han llamado al líder, José Silva Duarte de la ONG Nación Wayuu, para amenazarlo y decirle que si sigue apoyando o regresa al sitio de la manifestación lo van levantar a tiros”, agrega la autoridad tradicional.
Recuerda que los resguardos indígenas son propiedad colectiva de las comunidades indígenas a favor de las cuales se constituyen y conforme a los artículos 63 y 329 de la Constitución Política, tienen el carácter de inalienables, imprescriptibles e inembargables. Los resguardos indígenas son una institución legal y sociopolítica de carácter especial, conformada por una o más comunidades indígenas, que con un título de propiedad colectiva que goza de las garantías de la propiedad privada, poseen su territorio y se rigen para el manejo de éste y su vida interna por una organización autónoma amparada por el fuero indígena y su sistema normativo propio. (Artículo 21, decreto 2164 de 1995).
“Lo anterior quiere decir, que el resguardo ampliado de la media y alta Guajira, con injerencia en los municipios de Riohacha, Maicao, Uribía y Manaure es un solo territorio, un solo resguardo con un título de propiedad colectiva que goza de las garantías de la propiedad privada. Esto indica que las comunidades indígenas wayuu que hacen parte de este inmenso resguardo, al ser de propiedad colectiva de acuerdo al artículo 21 del decreto 2164 de 1995, todas serian objeto de las afectaciones e impactos ocasionados por los diferentes proyectos mineros extractivistas que se realicen en este amplio resguardo”, añade.
“Señor presidente, el panorama del territorio al cual usted piensa venir para inaugurar un parque eólico, es desolador y de total abandono, el cumplimiento de la consulta previa libre e informada como derecho fundamental de los pueblos indígenas, solo es un sofisma distractor o bien sea de engaño y manipulación, que ha traído graves consecuencias para nosotros los wayuu, quienes por nuestro alto grado de vulnerabilidad somos presas fáciles de las empresas extractivistas”, expresa en la misiva.
Enfatiza que las empresas ingresan al territorio con protocolos falsos de compensaciones que solo reponen a medias algunos daños materiales y morales pero que no pagan la totalidad de los daños ambientales, culturales, de la vida en relación y menos lo otro, es decir el uso del suelo, servidumbre, participación en beneficios, bonos de carbón y que estas compensaciones son los detonantes para el enfrentamiento entre las mismas comunidades.
