El vicecontralor general de la República, Carlos Mario Zuluaga, presentó ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia formal en la que afirma que su teléfono celular fue presuntamente hackeado y que existió una campaña orquestada para dañar su reputación, en medio de su labor al frente de la Contraloría y de posibles aspiraciones políticas.
Según el funcionario, los hechos habrían ocurrido en un contexto de presiones e intereses políticos y estaban dirigidos a fabricar señalamientos falsos que afectaran su gestión y su imagen pública. En la denuncia, radicada en el búnker de la Fiscalía en Bogotá, Zuluaga entregó detalles sobre supuestas interceptaciones de sus comunicaciones privadas, seguimientos durante desplazamientos y la búsqueda de testigos que presentaran versiones contrarias a su trabajo investigativo.
El vicecontralor señaló que, además de la posible intervención ilegal de su celular, personas vinculadas a la política en los departamentos de La Guajira, Cesar y el municipio de Sabanalarga habrían participado en lo que calificó como un “entrampamiento político” para desprestigiarlo. Aseguró además que su equipo de seguridad había registrado grabaciones y fotografías durante sus desplazamientos, que consideró parte del entramado.
La Fiscalía General de la Nación confirmó que tomó conocimiento de la denuncia y que un equipo especializado de la Seccional Bogotá, con apoyo de policía judicial, asumió las investigaciones. La entidad judicial abrió una noticia criminal por presuntos delitos de acceso abusivo a sistemas informáticos e injuria, y trabaja en recopilar pruebas para esclarecer los hechos y establecer responsabilidades.
La denuncia se produce en un momento de creciente debate sobre la integridad institucional y el uso de herramientas tecnológicas, en un ambiente político en el que las tensiones entre distintas fuerzas y actores han cobrado relevancia en medios y redes sociales.
Este caso subraya la importancia de que las investigaciones judiciales avancen con rigor, pues implica aspectos sensibles como el acceso a comunicaciones privadas y la presunta fabricación de pruebas en un contexto político, situaciones que podrían tener impacto en el debate público sobre la transparencia y la convivencia democrática en Colombia.