El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ordenó este domingo que la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, asuma la presidencia de la República en calidad de encargada tras la captura del presidente Nicolás Maduro durante una operación militar protagonizada por fuerzas de Estados Unidos la madrugada de este 3 de enero.
La decisión se dio en un contexto de alta tensión política y jurídica, con narrativas enfrentadas sobre la legitimidad del poder en el país.
La presidenta de la Sala Constitucional del TSJ, Tania D’Amelio, leyó un comunicado transmitido por radio y televisión en el que se instruye a Rodríguez a “asumir y ejercer en condición de encargada todas las atribuciones, deberes y facultades inherentes al cargo de presidente de la República Bolivariana de Venezuela, con el fin de garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación”.
El TSJ también ordenó notificar de inmediato al alto mando militar, al Consejo de Defensa de la Nación y a la Asamblea Nacional sobre la medida, aunque no precisó cuándo se llevará a cabo la ceremonia de juramentación oficial de Rodríguez como presidenta encargada.
La instauración de Delcy Rodríguez en la jefatura del Ejecutivo se da en medio de profundos desacuerdos dentro de Venezuela y en la escena internacional. Mientras algunos sectores chavistas consideran la medida como un paso necesario para garantizar el funcionamiento del Estado ante la ausencia forzosa de Maduro, críticos advierten sobre la legitimidad de la transición y los riesgos de una crisis prolongada.
Rodríguez, una figura histórica dentro del chavismo y vicepresidenta desde hace años, también ha manifestado públicamente que Maduro sigue siendo el único presidente legítimo del país y ha exigido su liberación, calificando la operación estadounidense como una agresión a la soberanía nacional.
Mientras tanto, la comunidad internacional sigue observando de cerca la evolución de los acontecimientos, con llamados contradictorios entre quienes respaldan la continuidad institucional dentro de los marcos establecidos y quienes piden una resolución pacífica que respete los procesos democráticos y el derecho internacional.