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en La Guajira

Piden suspender construcción de la nueva cárcel de Riohacha

Advierten que están siendo gravemente afectados en su salud por el material particulado que se desprende de las obras.

Piden suspender construcción de la nueva cárcel de Riohacha

Cortesía

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Redacción Nuevo DíaPor: Redacción Nuevo Día
Feb 23 2022

Ante la Fiscalía General de la Nación se presentó una denuncia penal en contra del la Alcaldía de Riohacha, la Personería Distrital, la Dirección de Consulta Previa y el Ministerio del Interior, por las presuntas afectaciones que han tenido la construcción de la nueva cárcel de Riohacha.

Esta acción presentada por la autoridad tradicional de la comunidad wayuu de La Ceibita Macedonia, Yeisi Alexandra Iguarán Ballesteros, se sostiene que “la paz y la tranquilidad de los habitantes de mi comunidad, están bajo graves amenazas de desplazamiento Forzado y exilio, por cuenta de la construcción de la cárcel de mediana seguridad del Distrito de Riohacha, cuyo proyecto se levanta en nuestros territorios ancestrales con la anuencia y aval del ministerio del Interior a través de su Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa”.

Asegura la autoridad que la Alcaldía Distrital y la Personería, no han dado tramite a sus denuncias por lo cual estarían incurriendo en violaciones a los derechos de los habitantes de la comunidad, delitos como profanación de sitios sagrados y violación al Convenio 169 de la OIT.

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“Han omitido, retardado, rehusado y denegado un acto propio de sus funciones, incurriendo en el delito de Prevaricato por omisión (artículo 414 Código Penal Colombiano), con el agravante de que, con su conducta, estarían permitiendo un desplazamiento forzado de los miembros de la comunidad quienes al sentirse amenazados estarían desplazándose hacia otros territorios para salvaguardarse”, sostiene Yeisi Alexandra Iguarán Ballesteros.

Los demandantes han solicitado se ordene la suspensión de la construcción de la cárcel hasta que se garanticen los derechos fundamentales a la vida, la salud, el medio ambiente y consulta previa. Asimismo, advierten que la población infantil, ancianos y discapacitados están siendo gravemente afectados en su salud por el material particulado que se desprende de las obras.

En este proyecto que se invirtieron cerca de $182.000 millones, tendrá la capacidad de recluir a 1.500 personas privadas de la libertad y contará con pabellones especiales con enfoque diferencial para recluir a indígenas y mujeres.

Con información de El Heraldo

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