Las comunidades indígenas de El Ciruelo y Cascajito, en zona rural de Riohacha, denunciaron durante la visita de la Procuraduría General de la Nación a sus territorios, la falta de control por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar sobre los operadores del programa de atención a la primera infancia, lo que, según manifestaron, está generando insuficiencia y mala calidad de los alimentos.
Además, los indígenas de estos asentamientos, donde hay alrededor de 200 niños, señalaron que los alimentos no corresponden a los usos y costumbres wayuu.
Jeferson Mena, asesor del despacho de la procuradora encargado de Asuntos Étnicos y comisionado para efectuar estas verificaciones, aseguró que hay una gran cantidad de niños en toda La Guajira que, a la fecha, no están siendo beneficiados por los servicios que presta el ICBF.
Por lo anterior, la Procuraduría solicitó al ICBF que inicie inmediatamente con el proceso que lleve a restablecer el servicio que se presta en las comunidades indígenas.
“El año pasado se registraron los índices más altos de muertes de niños con desnutrición. Se evidencia en las comunidades la falta de legitimación que tiene el ICBF, principalmente producto de la forma en que se escogen a estos operadores sin previa concertación con la comunidad”, señaló el funcionario de la Procuraduría.
De acuerdo con la Procuraduría, se detectó otra falla grave en terreno que tiene que ver con la cobertura, ya que un alto porcentaje de niños entre cero y cinco años, así como madres gestantes y lactantes, se quedan por fuera. A esta situación se suma la falta de continuidad del servicio que se dejó de prestar el pasado 15 de diciembre de 2022 y aún no se ha retomado.
“Este nivel de desatención estatal, sumado a la carencia de agua potable, pésimo estado de las vías de acceso y una atención en salud deficiente, han contribuido a que se presente el más alto nivel de mortalidad infantil en la Comunidad Wayuu desde 2017”, aseveró Mena.
El ministerio Público señaló que, con la información recaudada, el equipo en terreno presentará un informe detallado a la Procuradora General y a la delegada para la infancia, Adolescencia, Familia y Mujeres, con el fin de que se inicien las acciones preventivas y disciplinarias necesarias para resolver esta problemática.
