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Riohacha, La Guajira - 11 de junio de 2026
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en La Guajira

Explotación sexual en La Guajira: pobreza, hambre y control armado profundizan la vulneración de niñas y mujeres

Una consecuencia directa de la pobreza estructural, la inseguridad alimentaria, la movilidad humana y la presencia de economías ilegales y actores armados.

Explotación sexual en La Guajira: pobreza, hambre y control armado profundizan la vulneración de niñas y mujeres
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Delvis Ibáñez SevillaPor: Delvis Ibáñez Sevilla
Feb 20 2026

Un informe reciente del Consejo Danés para Refugiados en Colombia encendió las alertas sobre la magnitud y las formas que adopta la explotación sexual en La Guajira, especialmente en Riohacha y Maicao. El documento, resultado de un monitoreo de protección realizado entre julio y noviembre de 2025, concluye que en el departamento la explotación sexual no es un hecho aislado, sino una consecuencia directa de la pobreza estructural, la inseguridad alimentaria, la movilidad humana y la presencia de economías ilegales y actores armados.

La investigación advierte que niñas, adolescentes, mujeres migrantes y mujeres indígenas wayuu enfrentan riesgos diferenciados y crecientes en un contexto donde el hambre y la falta de oportunidades reducen las alternativas de protección.

Sexo por supervivencia: cuando el hambre condiciona el cuerpo

Uno de los hallazgos más preocupantes es la expansión del sexo por supervivencia en zonas urbanas y periurbanas de Riohacha. En sectores con alta concentración de bares, expendios de licor y alquiler informal de habitaciones, mujeres principalmente migrantes venezolanas sin documentación y mujeres trans, intercambian relaciones sexuales por comida, alojamiento o dinero.

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En algunos espacios conocidos popularmente como “habitaciones azules”, el acceso a un cuarto o a un plato de comida está condicionado a la prestación de servicios sexuales. El informe recoge testimonios que describen autocensura, miedo a denunciar y una creciente normalización de estas prácticas.

Las consecuencias son graves: abortos inseguros, infecciones de transmisión sexual, afectaciones severas a la salud mental, consumo de sustancias psicoactivas e incluso intentos de suicidio. En algunos casos, las víctimas terminan coaccionadas para participar en actividades delictivas como microtráfico o extorsión.

Niñas en riesgo: explotación sexual comercial en barrios vulnerables

El documento identifica focos críticos en la comuna cuatro de Riohacha, en barrios como Majayura, Nuevo Horizonte, Las Marías, El Patrón, Villa del Sol, La Cosecha, 2 de Febrero y San Judas Tadeo. Allí se reportan intercambios sexuales condicionados por necesidades básicas y, en los casos más graves, venta directa de niñas a adultos.

En Uribia, testimonios recogidos señalan que algunas niñas migrantes en condición irregular han sido forzadas a intercambiar su cuerpo por cinco mil pesos o un plato de comida.

La explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes afecta principalmente a menores entre 8 y 17 años que viven en contextos de inseguridad alimentaria severa, deserción escolar y escasa presencia institucional. El informe advierte que en algunos casos son las propias madres quienes, ante la desesperación económica, instrumentalizan a sus hijas para cubrir arriendo o alimentación.

El impacto se refleja en cifras alarmantes. Entre 2022 y 2024, uno de cada cuatro nacimientos en La Guajira correspondió a madres adolescentes. En ese mismo periodo, 569 niñas entre los 10 y 14 años fueron madres, y 42 bebés nacieron con bajo peso. Detrás de esos números, señala el informe, hay historias marcadas por violencia, coerción y ausencia de alternativas.

Uniones tempranas: entre la tradición y la supervivencia

El estudio también analiza los matrimonios infantiles y las uniones tempranas como prácticas que, en determinados contextos, pueden superponerse con formas de explotación sexual. En zonas rurales dispersas y en algunos asentamientos informales de Maicao, estas uniones aparecen como estrategias de supervivencia ante la falta de vivienda, empleo o redes de apoyo.

En comunidades Wayuu, el tema se entrecruza con usos y costumbres tradicionales. Si bien líderes y organizaciones han empezado a cuestionar estas prácticas, persiste su legitimación en ciertos entornos, especialmente cuando intervienen componentes económicos o acuerdos familiares que refuerzan la desigualdad de poder.

Las consecuencias son profundas: embarazos tempranos, interrupción del proyecto de vida, deserción escolar, violencia de pareja y afectaciones a la salud mental. En algunos casos se han documentado intentos de suicidio asociados a uniones forzadas.

Trata de personas: La Guajira como corredor vulnerable

Por su condición fronteriza, el departamento se consolida como corredor estratégico para la trata con fines de explotación sexual. El ingreso por pasos no formales como Paraguachón facilita la captación mediante falsas ofertas de empleo doméstico o promesas de alojamiento que luego derivan en explotación.

El informe recoge casos de niñas y adolescentes que desaparecen tras aceptar propuestas laborales engañosas. Una vez captadas, enfrentan retención de documentos, privación de alimentos, amenazas y aislamiento, en un entorno donde el miedo y la desconfianza institucional limitan la denuncia.

Respuesta institucional insuficiente y alto subregistro

Aunque existen rutas formales de atención a través del ICBF, comisarías de familia y otras entidades, el documento advierte que la activación de estas rutas no siempre se traduce en protección efectiva. Las barreras geográficas, el temor a represalias, la discriminación hacia población migrante y personas con identidades diversas, así como la fragmentación institucional, profundizan el subregistro.

En muchos casos, la comunidad percibe que denunciar no cambia la situación. Esto fortalece la dependencia de redes familiares o liderazgos locales como único mecanismo de contención.

Un fenómeno estructural

El informe concluye que en La Guajira la explotación sexual está estrechamente ligada a la inseguridad alimentaria crónica, la pobreza multidimensional, la desigualdad de género y la presencia de economías ilegales. La reducción del financiamiento humanitario en 2025 ha debilitado además los programas preventivos y de medios de vida.

Más que hechos aislados, se trata de un problema estructural que exige respuestas integrales, sostenidas y con enfoque diferencial. La protección de niñas y adolescentes, en particular, aparece como un reto urgente en un territorio donde el hambre y la falta de oportunidades siguen convirtiéndose en el principal factor de riesgo.

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