La alerta fue realizada por la Procuraduría General de la Nación por el riesgo en la continuidad del Programa de Alimentación Escolar para el segundo semestre del año 2023, en el departamento del Magdalena ya que la adjudicación del contrato está frenada.
Ya son cuatro aplazamientos sin que el proceso de contratación del operador se pueda culminar, aparentemente, por manejos administrativos y renuncias de funcionarios que afectan el normal desarrollo de la adjudicación.
Para el procurador primero delegado para la vigilancia preventiva de la Función Pública, Gabriel del Toro, “esta situación pone en riesgo los derechos constitucionales a la educación y la alimentación equilibrada de los niños, niñas y adolescentes de 28 municipios del departamento”.
“Es nuestro deber advertir la indebida planificación del proceso y hacer un llamado a la Gobernación para que se priorice el interés supremo de la población escolar”, recalcó el delegado.
En el mismo sentido, el ente de control pidió a la gobernación del Magdalena publicar, de manera inmediata, el informe final de la evaluación de las ofertas y adjudicar el contrato en el menor tiempo posible, dado que el próximo 3 de julio los estudiantes retornan de su periodo vacacional.
El ente de control reiteró su compromiso de velar por el ejercicio diligente y eficiente de las funciones públicas y la estricta vigilancia de los derechos de los niños y el eficiente cumplimiento del PAE en el país.