El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha abrió un incidente de desacato contra varias entidades del Estado por el presunto incumplimiento de la Sentencia T-556 de 2017, una orden constitucional que busca la protección integral del territorio ancestral y los derechos fundamentales de las comunidades indígenas wayúu en La Guajira.
La decisión responde a una acción promovida directamente por las propias comunidades indígenas de Santa Rosa y Arroyo Guerrero, que durante años han denunciado omisiones institucionales que afectan aspectos básicos de su vida diaria, como el acceso al agua, la salud, la seguridad alimentaria y el ejercicio de su cultura y espiritualidad.
La sentencia T-556, emitida hace más de siete años por la Corte Constitucional, ordenó la implementación de medidas esenciales en estos territorios, incluida la clarificación de predios, la constitución de resguardos indígenas y la garantía efectiva de derechos básicos, obligaciones que según el fallo no se han cumplido de forma satisfactoria.
Las comunidades denunciaron que durante años se les ocultó la existencia del fallo, impidiéndoles conocerlo y exigir su cumplimiento, lo que ha limitado su participación en decisiones que impactan directamente su territorio ancestral.
El tribunal identificó a funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras, así como a representantes del Gobierno nacional, departamental y del Distrito de Riohacha, como vinculados al incidente de desacato, y les ordenó responder por el presunto incumplimiento. La documentación del caso también se está remitiendo a organismos nacionales e internacionales para advertir que proyectos como la posible construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales —cuyo estatus jurídico aún no está resuelto— podrían estar promovidos en un contexto de incumplimiento judicial.
Además, se han reportado amenazas de muerte contra integrantes de las comunidades wayúu relacionadas con su labor de defensa territorial, hechos que fueron denunciados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros mecanismos internacionales de derechos humanos.
El caso plantea una discusión de fondo sobre el Estado de derecho, la protección de los pueblos indígenas y la obligación del Estado colombiano de cumplir y hacer cumplir las decisiones de la Corte Constitucional para garantizar derechos fundamentales y preservar los territorios ancestrales.
