Con el nombramiento del ex ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla en la Junta directiva del Banco de la República, después de su fallido intento de nombrarlo como su gerente y de ser defenestrado del Gabinete por su fracaso en hacer pasar por el Congreso su nefasta reforma tributaria, sin querer queriendo, como diría el Chavo del ocho, hoy en día todos, absolutamente todos, los codirectores designados por la Presidencia de la República que hacen parte de la misma le deben su nombramiento, por distintas circunstancias, al Presidente Duque. Muy desafortunado este nuevo episodio de la tan criticada puerta giratoria, que tanto daño le ha hecho al país.
Con ello el Banco de la República pierde su autonomía, la que le dio la Constituyente de 1991, disponiendo un mecanismo de rotación de suerte que nunca, nunca, ningún Presidente llegara a nombrar más de 2 de los 5 codirectores de dedicación exclusiva, todos ellos con periodos de 4 años prorrogables dos periodos más. Con la llegada de Carrasquilla a la Junta del Banco Emisor, además de la pérdida de su autonomía y de quedar como apéndice del Ministerio de Hacienda, contrariando el sano principio democrático de los pesos y contrapesos, se concentra aún más el poder en el ejecutivo.
Pésimo mensaje este que se ha dado para el mercado, en momentos en los que el país acaba de perder la calificación inversionista de la deuda soberana de Colombia. Las calificadoras de riesgo tomarán atenta nota de este paso en falso. Uno puede no estar de acuerdo con el antipático poder que ellas se han arrogado, como cancerberos de los fondos de inversión privados, de calificar o descalificar la deuda pública de los países, pero el hecho cierto es que el “mercado” le cree más a ellas que a las promesas del alto gobierno en su periplo reciente por Washington y Nueva York para comparecer ante los inversionistas y miembros del American Society/Council of the Americas para convencerlos de que Colombia es buena paga. ¡Qué le vamos a hacer!
Y ya se sabe que la aprobación del proyecto de reforma tributaria que se tramita en el Congreso, al no contribuir a reducir el déficit estructural que acusan las finanzas del Gobierno nacional, limitándose sólo a cuadrar caja para asegurar el financiamiento de los programas de transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas, así como la protección del empleo, ampliados para enfrentar los estragos de la pandemia, no satisface las expectativas de las calificadoras de riesgo.
Como lo ha sostenido el Ministro de Hacienda José Manuel Restrepo, “los esfuerzos adicionales serían responsabilidad del siguiente Gobierno”. Con la aprobación del proyecto de reforma tributaria 2.0, entonces, el Congreso de la República y el gobierno simple y llanamente están pateando la pelota para adelante. Como suele decir el campesino en aprietos después de ponerse a salvo; ¡quién venga detrás que arree!
Una de las calificadoras, Fitch, cree que será necesario un aumento permanente de los ingresos fiscales para estabilizar y comenzar a reducir la carga de la deuda pública. Una reforma tributaria creíble también anclaría las expectativas fiscales a mediano plazo, respaldando la credibilidad de las políticas y reduciendo la vulnerabilidad a los shocks. Y eso es justamente lo que no es dable esperar de la reforma que se tramita. La experiencia del año 1999, cuando se perdió la calificación inversionista y solo se recobró doce años después, en 2011, no llama al optimismo de su pronta recuperación y menos con embarradas como esta que motiva esta nota.
En fin, volvimos a los tiempos que creíamos superados de la Junta Monetaria, que dependía del Ministerio de Hacienda, justo cuando estamos conmemorando los 30 años de vigencia de la Constitución de 1991, desandando sus pasos. Qué diría el cófrade, Alfonso Palacio Rudas, quien como se sabe no tragaba entero y como delegado de la Constituyente no disimuló su satisfacción de solo pensar que la creación de “por fin en la Constitución se va a enterrar el leviatán, se va a enterrar ese monstruo que es la Junta Monetaria”, ahora que por cuenta de la dinámica de la política se vuelve a las andadas.
Como es bien sabido, la Constituyente elevó a rango constitucional la existencia y el funcionamiento del Banco de la República, a diferencia de la Junta Monetaria de enantes que estaba amparada en la Ley, mediante el artículo 371 de la Carta se consagró su autonomía administrativa y le asignó como objetivo fundamental en su artículo 373 velar por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda, sin dejar de lado, como lo determinó la Corte Constitucional a través de su Sentencia C – 481 de 1999, el crecimiento de la economía y la generación de empleo. Todo este andamiaje y la institución misma del Banco central es lo que está en grave predicamento en este momento con el curso que han tomado los acontecimientos.
