La gestión de recursos hasta por $300.000 millones anuales, la creación de un grupo de trabajo con participación Wayuu y la transformación de una delegada institucional hacen parte de la ruta propuesta por el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, para avanzar en el cumplimiento de las órdenes de la Corte Constitucional dirigidas a garantizar los derechos de la población Wayuu en La Guajira.
El anuncio se realizó este martes 13 de octubre, en Riohacha, durante una audiencia de seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017, mediante la cual la Corte Constitucional ordenó adoptar medidas para garantizar el acceso al agua potable, la salud, la alimentación y la movilidad de las comunidades indígenas Wayuu.
Recursos, participación Wayuu y atención integral
La primera línea de trabajo planteada por el procurador consiste en incorporar en el Plan Nacional de Desarrollo el compromiso de anticipar una partida que podría alcanzar los $300.000 millones anuales, provenientes del impuesto de renta pagado por la explotación de carbón, para financiar las obligaciones relacionadas con la sentencia.
La propuesta busca gestionar recursos para atender los compromisos estatales con la población Wayuu. Sin embargo, el anuncio corresponde a una iniciativa planteada por el procurador y no implica que los recursos ya estén aprobados o asignados.
Como segunda medida, Eljach anunció la creación de un grupo de trabajo integrado por miembros del pueblo Wayuu, que operará desde la Procuraduría para intervenir directamente en la articulación entre las instituciones responsables de responder a las necesidades de esta población.
La conformación de este equipo quedó contemplada en la Resolución 282 del 13 de octubre de 2026, expedida por la Procuraduría General de la Nación.
La tercera línea consiste en transformar la Delegada para la Infancia, que pasará a incorporar el concepto de familia integral y tendrá un papel específico en el proceso de atención a las comunidades Wayuu.
Seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017
La audiencia realizada en Riohacha hace parte del seguimiento a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en 2017, en respuesta a la vulneración de derechos fundamentales de la niñez Wayuu.
La sentencia busca que el Estado garantice condiciones efectivas de acceso al agua potable, atención en salud, alimentación adecuada y movilidad en las comunidades afectadas.
Con las tres líneas anunciadas, la Procuraduría plantea una ruta de trabajo enfocada en la financiación de las obligaciones, la participación de integrantes del pueblo Wayuu y la coordinación institucional para avanzar en el cumplimiento de las órdenes judiciales.
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