La Guajira ya vio llegar presidentes, ministros y gabinetes completos. Durante el gobierno de Gustavo Petro, el departamento recibió seis días de la jornada “Gobierno con el Pueblo”, con el Presidente, la Vicepresidenta y buena parte del gabinete en Riohacha, Uribia, Nazareth, Albania, Manaure, San Juan del Cesar y Maicao. Allí se hicieron anuncios y compromisos sobre agua, salud, nutrición, energía, vivienda y desarrollo.
Por eso la reciente visita del presidente Abelardo De La Espriella merece otra mirada. No como el inicio de la presencia nacional en La Guajira, sino como una nueva oportunidad para preguntar qué aprendimos de los anuncios anteriores y qué debe pasar esta vez para que los compromisos se conviertan en resultados.
El presidente llegó a Riohacha, encabezó un Consejo de Seguridad, se reunió con el gobernador y los alcaldes, y anunció recursos en agua, vivienda, energía, agricultura, infraestructura, seguridad y cultura. Eso merece seguimiento.
Una visita presidencial produce titulares durante un día. Una obra terminada cambia la vida de una comunidad durante décadas. Ahí está la verdadera discusión.
El Gobierno anunció cerca de $7.500 millones para agua potable y saneamiento: $4.000 millones para necesidades inmediatas, $2.000 millones para Uribia y la Alta Guajira, $500 millones para Maicao y $1.000 millones para asegurar la prestación del servicio. También destinó $22.000 millones para el drenaje pluvial de Riohacha, si el Distrito aporta otros $7.500 millones.
En vivienda hay $22.000 millones para reactivar la Ciudadela de Paz Bertulfo Álvarez, en Fonseca, donde quedaron pendientes 180 viviendas, más 200 viviendas para Uribia y mejoramientos en Riohacha y San Juan del Cesar.
En energía, el presidente habló de $1,5 billones para obligaciones con Air-e y confirmó que ya se giraron $300.000 millones del Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos. Ordenó avanzar en 12 meses en reglamentación, redes y generación adicional.
En agricultura planteó activar la represa del Cercado, en el río Ranchería, como proyecto multipropósito con distritos de riego, acueductos y generación hidroeléctrica, con la meta de irrigar más de 17.000 hectáreas. También mencionó seguridad, migración, la Fiscalía, vías terciarias, la vía Francisco El Hombre, las cayuqueras del Ranchería y el Teatro Aurora.
La lista es larga. Pero La Guajira no necesita una lista más larga. Necesita una agenda con prioridades, responsables, recursos, cronogramas y seguimiento público.
Los datos muestran la dimensión del problema. En 2025, La Guajira registró una pobreza monetaria del 60,2 por ciento, la segunda más alta del país después de Chocó. Ese año la desocupación departamental fue del 12,3 por ciento. La Defensoría advirtió riesgos de seguridad que afectan a comunidades wayuu, jóvenes y niños, y documentó en Maicao homicidios múltiples y riesgo de reclutamiento de menores. El Instituto Nacional de Salud sigue registrando muertes de menores de cinco años por desnutrición aguda en municipios priorizados.
Estos datos muestran que la agenda no puede construirse solo con infraestructura. La Guajira necesita agua que llegue a las casas, energía con redes confiables y tarifas justas, seguridad que incluya oportunidades para los jóvenes, obras con estudios y continuidad, e inversión que la gente pueda vigilar.
La primera prioridad debe ser convertir los anuncios en una matriz pública de compromisos: proyecto, valor, fuente de financiación, entidad responsable, municipio, fecha de inicio, fecha de terminación, estado actual, porcentaje de ejecución y responsable del seguimiento.
La segunda es el agua. Miles de familias siguen dependiendo de soluciones precarias para acceder a un servicio básico.
La tercera es una estrategia integral de seguridad y juventud. La respuesta a los grupos armados no puede limitarse a más Fuerza Pública. Debe incluir prevención del reclutamiento, protección de las comunidades wayuu, justicia efectiva, educación y empleo para los jóvenes, como ha señalado la propia Defensoría.
La cuarta es la energía. La Guajira tiene uno de los mayores potenciales de generación renovable del país, y ese potencial debe traducirse en empleo local, mejores redes y beneficios concretos para las comunidades.
La quinta es el campo. La represa del Cercado no puede seguir siendo una discusión de décadas. Si el Gobierno la convierte en proyecto multipropósito, hay que conocer estudios, costos, financiación, impactos ambientales y participación de las comunidades.
Falta hablar de la capacidad institucional. No basta con llevar recursos: hace falta garantizar entidades capaces de ejecutar bien. Por eso la investigación anunciada sobre la Universidad de La Guajira debe hacerse con rigor, debido proceso y transparencia, para que las autoridades competentes establezcan los hechos y actúen conforme a la ley.
La Guajira necesita instituciones fuertes, funcionarios que rindan cuentas, ciudadanía que vigile, gremios que participen, universidades que aporten conocimiento y comunidades escuchadas antes de diseñar las soluciones que cambiarán sus territorios.
No quiero quedarme con la fotografía de la visita presidencial. Quiero quedarme con las preguntas que vienen después. ¿Cuándo comienza cada proyecto? ¿Quién lo ejecuta? ¿Cuánto dinero está realmente disponible? ¿Cuándo veremos la primera obra terminada? ¿Quién responde si no se cumple?
El presidente dijo en Riohacha que estos compromisos tendrán seguimiento y que los anuncios no pueden terminar archivados en una oficina de Bogotá. Tomémosle la palabra. La ciudadanía debe hacer seguimiento, los periodistas deben preguntar, los gremios deben revisar los proyectos, las universidades deben aportar conocimiento, los concejos y la Asamblea deben ejercer control político, y los gobiernos locales deben cumplir su parte.
La visita presidencial terminó. Ahora empieza lo importante: que el anuncio se convierta en contrato, que el contrato se convierta en obra, que la obra se convierta en servicio y que el servicio llegue a la gente.
La Guajira ya sabe que tiene riquezas: sol, viento, tierras, cultura, talento, frontera, mar y una población que lleva demasiado tiempo esperando que esas riquezas se traduzcan en oportunidades. Lo que falta es más sencillo y más difícil a la vez: que el Estado cumpla, y que los ciudadanos hagamos parte de ese logro.
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