Los gobernadores de Colombia se preparan para un encuentro clave con el Ministerio de Hacienda, en medio de la creciente tensión generada por el nuevo esquema de impuestos al consumo de licores y tabaco, una medida impulsada por el Gobierno nacional en el marco de la emergencia económica que ha generado rechazo en varias regiones del país.
La cita de diálogo, programada para el próximo lunes 19 de enero en la sede del Ministerio en Bogotá, tiene como objetivo despejar inquietudes sobre el impacto fiscal, social y constitucional del Decreto Legislativo 1474 de 2025, que elevó del 5 % al 19 % el impuesto al valor agregado (IVA) sobre bebidas alcohólicas y productos derivados del tabaco, entre otros cambios tributarios que han generado controversia entre los mandatarios territoriales.
Desde La Guajira, el gobernador Jairo Aguilar expresó que acudirá al encuentro con “preocupaciones enormes” por lo que considera una afectación directa a las finanzas regionales y a la autonomía fiscal de los departamentos. Aguilar destacó que los impuestos al consumo de licores y tabaco representan una fuente esencial de ingresos para su región, y que esos recursos son determinantes para garantizar la financiación de servicios públicos básicos como educación, salud, deporte y programas sociales.
“El traslado de estos recursos al nivel central es una medida que consideramos errónea. La Guajira, con más de 1,2 millones de habitantes —más de la mitad del pueblo indígena wayuu— depende de estos ingresos para sostener servicios esenciales”, afirmó el mandatario, quien también planteó reparos constitucionales ante la forma como se adoptó el decreto bajo la emergencia económica.
Aguilar adelantó que espera que la reunión sea un espacio para exponer directamente al Ministerio de Hacienda las inquietudes del departamento y para buscar que se respeten los principios de descentralización y autonomía regional, pilares del sistema tributario colombiano.
La controversia alrededor del nuevo esquema tributario ha llevado a varios gobernadores a advertir que podrían no aplicar la medida en sus territorios, a la vez que se evalúan acciones legales ante la Corte Constitucional para definir la legalidad del decreto. Con este ambiente de tensión, la reunión de la próxima semana representa una oportunidad para intentar cerrar brechas entre el Gobierno nacional y las administraciones territoriales sobre un tema que incide directamente en las finanzas y en la prestación de servicios públicos en todo el país.
