La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) pidió a las autoridades eliminar los antecedentes judiciales de 9.600 firmantes de paz de las antiguas FARC que recibieron amnistías ‘de iure’ otorgadas por decreto presidencial por delitos políticos cometidos durante el conflicto armado.
La Sala de Amnistía o Indulto de la JEP dio esa orden a la Policía, a la Interpol y a la Registraduría Nacional para “materializar los efectos de los beneficios jurídicos de los firmantes de paz y garantizar su reincorporación de manera eficaz”, indicó este jueves la justicia transicional en un comunicado.
En la sentencia, la JEP indicó que esta decisión se toma en atención a las múltiples solicitudes de información formuladas por antiguos miembros de las FARC.
“Desde el momento mismo de su expedición, las personas que hicieron parte de las extintas FARC-EP tienen derecho a la adopción de las medidas necesarias para implementar las consecuencias que se derivan de dicho beneficio jurídico, una de las cuales está relacionada con la vigencia de las órdenes de captura que se hayan impuesto por los delitos políticos”, reza el auto.
Esto porque “la permanencia de su nombre y documento de identidad en los registros de las autoridades competentes, resulta ser una afectación a o los derechos fundamentales a la libertad, al buen nombre, al hábeas data y, de contera, produce efectos negativos directos e indirectos relacionados con la posibilidad de lograr una estabilidad laboral, familiar y social”.
En febrero pasado la JEP comunicó los decretos de amnistía a más de 9.600 firmantes del acuerdo de paz de 2016 que fueron amnistiados por el Estado entre junio de 2017 y julio de 2018.
Aunque los beneficiados deben atender el llamado de la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) en caso de que se les requiera, aquellos que las recibieron no tienen más deudas con la justicia y están exentos de responsabilidades legales y pueden continuar su proceso de reincorporación.
