La Procuraduría General de la Nación requirió al alcalde José Ramiro Bermúdez y al secretario de Educación del Distrito, Jesús David Herrera, un detallado y urgente informe en el que se conozca el operador que prestará el servicio de alimentación escolar y su representante legal, y se discrimine el monto del contrato y el número de niños, niñas y adolescentes que se beneficiarán.
Esto en el marco de la función preventiva del Ministerio Público, a través de la cual, inició un estricto seguimiento al Programa de Alimentación Escolar (PAE) y al transporte escolar del Distrito de Riohacha para la vigencia 2022.
También se le exigió conocer nombres y datos de los contratistas que realizarán el transporte escolar y entregarán la canasta parcial para los beneficiarios del PAE.
En busca de anticiparse a hechos que afecten las garantías del programa, el ente de control solicitó a los funcionarios públicos: “…se informe si existe alguna institución, colegio o sede etnoeducativa sin concertar operador para los servicios antes mencionados y también si el Distrito de Riohacha, para el inicio del calendario escolar, garantizara la prestación del servicio de alimentación y transporte escolar”.
La Procuraduría indicó que el control se hace “en vigilancia de la conducta oficial de los servidores públicos y por la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes”.
