La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció en el 2022 una decisión histórica al imputar cargos contra doce exintegrantes del Batallón de Artillería No. 2 La Popa, con sede en Valledupar, por su responsabilidad en 135 asesinatos de civiles inocentes, presentados como bajas en combate entre 2002 y 2005 en el norte del Cesar y el sur de La Guajira.
De acuerdo con la JEP, estos crímenes constituyen delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, ejecutados bajo patrones criminales que involucraron alianzas con estructuras paramilitares, engaños a las víctimas con falsas ofertas de empleo, y ejecuciones de personas capturadas en estado de indefensión.
Patrones de violencia en La Guajira
En el caso específico de La Guajira, la JEP documentó cómo comunidades indígenas, campesinas y pobladores en condición de vulnerabilidad fueron afectados por esta práctica criminal.
Las víctimas eran retenidas en puestos de control, señaladas como supuestos auxiliadores de la guerrilla o trasladadas desde otras ciudades bajo engaños laborales, para luego ser asesinadas y reportadas como logros militares.
Asimismo, otro patrón identificado correspondió a los asesinatos de personas en condición de vulnerabilidad, seleccionadas bajo la idea de que sus muertes pasarían desapercibidas y no generarían reclamos por parte de la sociedad.
Además, se evidenció la colaboración con paramilitares en la región, quienes entregaban personas al Batallón La Popa para ser ejecutadas, reforzando la conexión entre fuerzas ilegales y militares en un periodo marcado por la violencia y la impunidad.
Reconocimiento y sanciones
Los doce exmilitares aceptaron su responsabilidad y reconocieron su participación directa en estos hechos.
Como consecuencia, la JEP impuso sanciones propias de entre cinco y ocho años, que no implican cárcel, sino proyectos de reparación y trabajo restaurativo en beneficio de las comunidades afectadas.
Este tipo de sanción, contemplada en el modelo de justicia transicional, ha generado debates entre las víctimas: algunas valoran el avance en la verdad y el reconocimiento público, mientras que otras consideran insuficiente la ausencia de penas privativas de la libertad frente a la magnitud del daño.
Impacto y lo que viene
La decisión de la JEP representa un paso clave en el esclarecimiento de los llamados falsos positivos, uno de los capítulos más dolorosos del conflicto armado en Colombia.
En departamentos como La Guajira, donde la memoria de las víctimas aún busca justicia, este fallo abre la puerta a procesos de reparación colectiva y a una reflexión urgente sobre las garantías de no repetición.
Ahora, la JEP deberá vigilar el cumplimiento de las sanciones restaurativas y garantizar la participación de los familiares de las víctimas en el proceso de reparación.
