En los últimos 15 años (2007-2022), las reservas de gas natural en Colombia han disminuido un 50%, situándose en 2.3 TPC. Este declive ha venido acompañado de una caída del 9% en la producción entre junio de 2023 y junio de 2024, pasando de 1.170 MMPCD a 900 MMPCD.
Según la Gestora del Mercado de Gas Natural, se prevé que el potencial de producción se reducirá un 19.8% entre 2024 y 2026. Mientras tanto, la demanda de gas natural sigue en aumento, dado su papel como sustituto del carbón y los combustibles líquidos. Se estima que para 2025 habrá un déficit del 12% (120 MMPCD) y para 2026 alcanzará el 30% (350 MMPCD), lo que obligará al país a recurrir a importaciones.
El presidente de ECOPETROL, Ricardo Roa, advirtió: “Va a haber faltantes el próximo año, cercanos a los 160 gigas de BTU. Luego subirán a 180 y de ahí en adelante a 300 y hasta 500, si no incorporamos reservas”. Sin embargo, el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, contradijo esta perspectiva al afirmar: “No es cierto que vayamos a tener escasez de gas en los próximos años. No hay ninguna crisis energética ni un riesgo inminente de desabastecimiento. Por ello, no habrá traslados de costos adicionales a los usuarios”.
Roa, por su parte, reafirmó que Colombia dependerá de las importaciones hasta 2029 y alertó sobre un “incremento significativo de la tarifa” para los consumidores. En línea con esto, Luz Stella Murgas, presidenta de NATURGAS, aseguró: “El déficit de gas natural no es una alerta, es una realidad”.
Pese a las negaciones del ministro Camacho, Colombia inició el pasado 1 de diciembre, por primera vez en 45 años, la importación de gas natural para cubrir el consumo esencial. La empresa TLP GAS informó que, a través de la regasificadora SPEC, está recibiendo 40 MMPCD desde el 29 de noviembre, necesarios para ocho empresas distribuidoras.
El ministro Camacho continúa sosteniendo que no hay necesidad de importar gas y asegura que las cifras muestran que la producción nacional es suficiente para atender la demanda. Sin embargo, expertos advierten que la oferta firme, es decir, aquella que no está sujeta a interrupciones, no es suficiente para cubrir las necesidades actuales del mercado.
Esta situación ha generado retrasos en la expedición del Decreto 2024 de 2024, clave para habilitar importaciones y permitir que la CREG establezca las condiciones contractuales para el gas importado. Además, se prevé que los precios del gas importado, y eventualmente del nacional, serán más altos, marcando el fin del “gas barato”.
Colombia enfrenta ahora una disyuntiva crítica: garantizar la seguridad energética y preservar la soberanía energética en un contexto de transición hacia fuentes renovables. Este desafío recuerda la lección aprendida por Europa tras su precipitada transición energética: cualquier cambio debe evitar comprometer la estabilidad del suministro energético.
