La Procuraduría General de la Nación le advirtió al alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez Cotes, que persisten las alertas generadas a finales de 2022 que llevaron a la suspensión inmediata de la licitación con la cual se espera adjudicar el contrato de acueducto, alcantarillado y servicio de aseo para resolver la problemática que afronta la capital de La Guajira.
Luego de sostener una mesa técnica con la administración distrital y las entidades responsables del tema, en enero pasado, el ente de control aseguró en una comunicación firmada por los procuradores delegados para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, Gestión y la Gobernanza Territorial, Asuntos Étnicos y Seguimiento a los Recursos de Regalías, que, tras analizar la información recaudada, se mantienen los riesgos.
“Insistimos en que la principal preocupación concierne a que las disposiciones del pliego y su anexo técnico no aseguran el cumplimiento de las metas de cobertura, continuidad y calidad de la prestación del servicio de agua y alcantarillado del distrito de Riohacha”, se explica en el documento.
Los riesgos
Uno de los riesgos que persiste y más preocupa a la Procuraduría, es el estado del proyecto de expansión de redes de alcantarillado en la Comuna 10 de Riohacha, conformada por más de 100 barrios y habitada al menos por 5.000 personas, que viven actualmente sin alcantarillado y en medio de las aguas negras empozadas.
A pesar de que al final de las mesas técnicas, el alcalde anunció el pronto reinicio de las obras, no informó sobre una sanción impuesta a la administración municipal por el Departamento Nacional de Planeación que generó, además de multas, la desaprobación del proyecto y el reintegro al Sistema General de Regalías, de $28.039.276.144.00 correspondientes al valor total girado para la financiación del proyecto.
“Este hecho se traduce en un riesgo ostensible para la culminación del proyecto, (…) es necesario que la alcaldía de Riohacha examine con todo el rigor la situación actual de la Comuna 10, adopte las decisiones que sean necesarias frente a la responsabilidad que les asiste con ocasión del referido proyecto y evalúe la incidencia que pueda tener frente al proceso de licitación 008 de 2022”, agrega la carta.
Otra situación de alarma tiene que ver con que la administración municipal de Riohacha no incluyó dentro del proyecto a las comunidades Wayuu ubicadas en zonas urbanas y rurales del municipio.
Esta presunta omisión tiene directa relación con los altos índices de mortalidad infantil asociada a la desnutrición que se registraron en el departamento el año pasado y hace parte de las situaciones que el Distrito debió identificar claramente antes de iniciar el proceso licitatorio.
“La administración distrital debió identificar la situación actual del servicio de acueducto y alcantarillado, incluyendo la vulnerabilidad y el riesgo de la infraestructura, la prestación y el acceso; así como las estrategias encaminadas a suplir las necesidades evidenciadas antes de definir las metas a cumplir y las inversiones a realizar” se destaca en la comunicación.
Finalmente, la Procuraduría alerta sobre la falta de adecuación entre los trámites contractuales y las disposiciones legales.
“Hemos advertido actuaciones del Distrito de Riohacha que podrían derivar en un vicio de nulidad del proceso de selección (…) nunca pudo aclarar, por medio de las respuestas absueltas durante el proceso de selección ni en las mesas técnicas, las razones por las cuales no se amplió el tiempo para que los oferentes observaran la matriz de riesgos y realizar en audiencia sus apreciaciones frente a la misma”, finaliza la carta.
